El gobierno del Reino Unido operó en secreto un programa especial de reubicación para miles de ciudadanos afganos después de que una filtración masiva de datos personales los pusiera en riesgo de represalias por parte del régimen talibán.
El hecho, que permaneció bajo reserva durante más de dos años, fue revelado públicamente este martes tras el levantamiento de una orden judicial que impedía su divulgación.
La situación se originó a comienzos de 2022, cuando un archivo con información sensible de aproximadamente 18.700 solicitantes afganos, incluyendo antiguos colaboradores del gobierno británico y sus familiares, fue enviado por error a una persona ajena al sistema gubernamental.
Aunque inicialmente se creyó que la filtración afectaba a un número reducido de personas, se descubrió que el alcance era mucho mayor. En agosto de 2023, parte de la base de datos fue publicada en Facebook.
Ante el temor de que los talibanes pudieran acceder a esta información, el entonces gobierno, liderado por Rishi Sunak, acudió a los tribunales para mantener el incidente en secreto. El 1 de septiembre de 2023, un juez del Tribunal Superior de Londres concedió una “superinjunction”, una orden judicial que prohibió no solo revelar los detalles del caso, sino incluso la existencia de la orden misma.
Como respuesta a la filtración, el gobierno británico creó en abril de 2024 el Afghanistan Response Route, un programa de reubicación diseñado específicamente para quienes no habían sido considerados elegibles en planes previos, pero que enfrentaban un riesgo elevado a raíz del incidente.
Este programa, que ya fue cerrado, permitió la reubicación directa en el Reino Unido de 900 personas cuyos nombres estaban en la filtración, así como de 3.600 familiares. Además, se comprometieron 600 invitaciones adicionales, con posibilidad de incluir a más familiares.
Según cifras del Ministerio de Defensa, hasta mayo de este año más de 16.000 personas afectadas por la filtración ya habían sido reubicadas en el Reino Unido, algunas a través de esquemas anteriores.
Un informe encargado por el propio gobierno británico concluyó que no existe evidencia concluyente de que los talibanes hayan obtenido la base de datos ni que se haya llevado a cabo una campaña sistemática de represalias contra las personas afectadas.
No obstante, el informe también señala que las violaciones de derechos humanos en Afganistán continúan siendo generalizadas y que es muy difícil establecer con certeza las causas detrás de asesinatos o detenciones específicas.
En este sentido, el incidente se sitúa entre las peores violaciones de seguridad de la historia británica moderna. Esto debido al riesgo que supuso para la vida de miles de afganos, algunos de los cuales lucharon junto a las fuerzas británicas hasta su retirada en 2021.
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