El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, se pronunció frente a la reciente decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de declarar incidente de desacato contra el Gobierno Nacional por el incumplimiento en el pago de las deudas con el sistema de salud.
La determinación judicial se origina en una medida cautelar emitida el 11 de julio de 2025, mediante la cual se ordenó al Gobierno realizar los pagos adeudados en un plazo máximo de 30 días. Dicha orden fue ratificada el 3 de septiembre del mismo año. La actuación del Tribunal responde a una Acción Popular interpuesta en mayo por el mandatario local, con el argumento de proteger el derecho a la salud de los ciudadanos.
Al referirse a la decisión, el alcalde Gutiérrez Zuluaga señaló que la Acción Popular puede ser presentada por cualquier clínica, hospital o paciente del país. “Esto que está ocurriendo en Medellín es un triunfo de la justicia para garantizar la vida y la atención en el servicio de salud. Es lo que tiene que pasar en todo el país, ya que este gobierno no le responde a la gente, el gobierno de Petro está jugando con la vida de los ciudadanos. Estaremos muy atentos a qué termina de pasar el día de hoy, pero mi convicción como alcalde de Medellín es hacer respetar la vida y que se preste un buen servicio”, afirmó.
El incidente de desacato recae sobre el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el superintendente nacional de Salud, Bernardo Camacho; el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez; el agente liquidador de la Nueva EPS; y los agentes interventores de Savia Salud, Coosalud y Sanitas, designados por el Gobierno Nacional. Según lo advertido, los funcionarios podrían enfrentar órdenes de arresto de hasta seis meses, multas que deberán asumir con su patrimonio personal y procesos penales por el delito de fraude a resolución judicial.
El alcalde precisó que solicitará la aplicación de las máximas sanciones contempladas, al considerar que la situación pone en riesgo la salud y la vida de la población. En ese contexto, manifestó que, pese a haber transcurrido cinco meses desde que la justicia ordenó ponerse al día con los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de salud, no se ha dado cumplimiento a la decisión.
Gutiérrez Zuluaga también se refirió a la situación financiera de las entidades intervenidas por el Gobierno. Actualmente, estas EPS adeudan al Hospital General de Medellín más de 173.000 millones de pesos: Savia Salud 145.000 millones, la Adres 22.900 millones y la Nueva EPS 15.000 millones. Al momento de interponer la Acción Popular, la deuda ascendía a 127.000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 36 % durante el periodo transcurrido.
De acuerdo con el alcalde, el deterioro financiero ha tenido efectos directos en la atención a los usuarios. Señaló que los servicios de urgencias en Medellín presentan niveles de ocupación que oscilan entre el 130 % y el 162 %, situación que atribuyó, en gran parte, a la falta de pago de las EPS, en especial Savia Salud, Coosalud y la Nueva EPS, así como a la interrupción en la entrega de medicamentos a pacientes crónicos. Indicó que este panorama se inscribe en una crisis de alcance nacional asociada a decisiones del Gobierno.
Pese a este escenario, la Alcaldía de Medellín ha destinado recursos para sostener la red pública hospitalaria. Desde 2024 y hasta la fecha, se han invertido cerca de 439.000 millones de pesos para contener la crisis y evitar el cierre de servicios, de los cuales 218.687 millones corresponden a recursos ejecutados en 2025.
Finalmente, el mandatario local afirmó que la deuda del Gobierno Nacional con el sistema de salud asciende a 33 billones de pesos, de los cuales 8 billones corresponden a Antioquia, y reiteró su posición frente a la gestión de estos recursos.
