Exsenador Ciro Ramírez Pinzón fue condenado a 23 años de prisión por corrupción

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Ciro Alejandro Ramírez Cortés a 23 años de prisión tras hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Durante el juicio, la Corte demostró que Ramírez lideró una organización criminal compuesta por funcionarios públicos, particulares y contratistas, mediante la cual se estructuraron el Convenio 670 de 2021 y otros contratos derivados.

Según la sentencia, el propósito de la red era favorecer a quienes apoyaron la campaña política del exsenador, direccionando los contratos hacia determinados contratistas a cambio de beneficios electorales.

Por todo esto, en la sentencia se resolvió condenar a Ramírez como autor del concurso heterogéneo de los ilícitos de concierto para delinquir agravado consagrado en el artículo 340, en los incisos 2°y 3° del Código Penal, así como autor de cohecho propio descrito en el artículo 405, e interviniente del punible de interés indebido en la celebración de contratos contemplado en el artículo 409 de la misma codificación, por las razones expresadas en la parte motiva de este proveído, tal y como se lee en la sentencia de primera instancia.

La Corte resaltó que, aunque los contratos tenían como fin la construcción, implementación y mejoramiento de vías, acciones que aportaban significativamente al bienestar de la población, la conducta del excongresista se consideró grave por el uso de estos proyectos para fines personales y políticos.

“La actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral, siendo de destacar que tales contratos tenían por objeto obras de gran impacto social”, señaló la sentencia.

En un segundo punto se resolvió imponer las penas principales de 279 meses y 8 dias de prisión, así como la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones publicas de 280 meses y 20 días, así como una multa de 19.402,48 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen para la época en la que se dieron los hechos a $22.340.620.612,8 que tendrán que ser consignados a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho.

En otro orden de ideas, se destaca que el exsenador fue absuelto del delito de interés indebido en la celebración de contratos en lo que respecta a los contratos identificados con los números 4 y 12, así como a los contratos de interventoría números 16 y 17.

Finalmente, la Corte negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria, por lo que la privación de la libertad se hará efectiva una vez la sentencia quede en firme.