El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no sabe qué que hacer para evitar ser investigado por el presunto negociado que tenía con el megalote de Aguas Vivas, propiedad de la familia del exgobernador Luis Pérez y otros empresarios y familiares del exmandatario liberal.
El lote ubicado entre las Palmas y la loma El Tesoro, tiene una extensión de 146 mil metros cuadrados y fue desde el inicio de la administración de Quintero, el protagonista de un turbio negocio que buscaba que el predio pasara de costar 2.987 millones de pesos a costar 20 veces más de su valor real, hasta alcanzar los 48 mil millones de pesos.
Desde que estalló el escándalo, en diciembre del 2021, tras una investigación de El Colombiano en el que también participó IFMNOTICIAS, se conoció que el lote fue comprado por $1.645 millones en diciembre del 2014 y que lo que se buscó fue demandar al municipio en un presunto acuerdo con funcionarios de la administración Quintero y que quienes lo cuestionaban o se interponían, eran despedidos fulminantemente.
Para la época, quienes estaban reclamando los 48.000 millones de pesos eran IDC Inversiones, a través de su representante legal de la época, Juan Diego Moreno; Técnicas Constructivas, cuyo representante legal era en su momento, Juan Fernando Rueda Salazar, y Juan Manuel Villegas como persona natural.
Lo que buscaban era una especie de intercambio del lote por obligaciones urbanísticas, pero en un giro de retorno, buscar que la Alcaldía les devolviera el lote a los dueños originales, pero para que esta vez, fuera la alcaldía la que lo comprara por 20 veces su valor.
El abogado que los representaba era José Luis Marín Fuentes, quien como en su momento probó IFMNOTICIAS, estuvo detrás de una tutela intentando truncar la revocatoria del alcalde Daniel Quintero.
El abogado Juan David Giraldo Mora, puso hoy el dedo en la llaga sobre “el torcido de Aguas Vivas” como lo señaló, al asegurar que Luis Pérez Gutiérrez, Juan Pablo Ramírez, Alejandro Toro, una Fiduciaria y un Superregistro, se fueron contra la Legalidad, anotando que “en Derecho solo se deshace como se hace”, y preguntando cómo ahora, pretenderán explicar tras nuevas pruebas documentales que los involucran.
Según las pruebas que anexa Giraldo Mora, meses después de que estallara el escándalo mediáticamente, la alcaldía de Quintero, continuó emitiendo resoluciones que favorecían la “triquiñuela” con la que pretendían aplacar el escándalo.
Las evidencias aportadas por el abogado Giraldo Mora, fueron reveladas por IFMNOTICIAS el 11 de noviembre de 2022 y muestran como en el desespero, en el 2022, Fabio Andrés García, buscaba deshacer el contrato que los dejaba en evidencia de que, en efecto, lo que señalaban las investigaciones periodísticas, era cierto y así, desmarcarse. Desde entonces, desde la administración de Quintero, ya atribuían a funcionarios de Federico Gutiérrez los errores que ellos mismos generaron.
«El fundamento normativo de la operación contractual fue el Decreto 566 de 2011, el cual fue modificado el mismo 27 de diciembre de 2019 por medio del Decreto 2502 de 2019, sin embargo, su entrada en vigencia se produjo el 31 de diciembre, fecha en la que se publicó la Gaceta Oficial. Es decir, los funcionarios de 2019 aplicaron anticipadamente una norma que no se encontraba vigente al momento de celebración del negocio jurídico», argumentaba en ese entonces Administración Quintero.
Juan David Giraldo, anexa además, documentos notariales y de la propia alcaldía, demuestra la propiedad del predio, y la resolución que pretende deshacer el negociado de manera “unilateral” y señala que “Devolver la jugadita con actos unilaterales disfrazados de bilaterales en Registro, sería Prevaricato y Detrimento Patrimonial contra Medellín” anotando que “esto no se puede deshacer con Pinturita”
Como buen abogado, Giraldo se remite no solo a las normas, sino a los principios del derecho, sin necesidad de tener que interpretar la obviedad, al señalar que en “el Torcido de Aguas Vivas, la Resciliación requiere: i) un negocio lícito; ii) la concurrencia de un concurso de voluntades y iii), que sean los mismos contratantes quienes, por mutuo disenso, acuerden volver las cosas a su estado anterior” resaltando que en el negocio de la alcaldía de Daniel Quintero en el 2022 de Aguas Vivas, esto “NO SE CUMPLE”.
Lo curioso del caso es que el propio exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, al conocer que este documento rondaba y la evidencia del “torcido” lo pone contra la pared y en dificultades para explicar, anunció a través de sus redes, que había interpuesto una “denuncia penal para que se investigue al Alcalde Federico Gutiérrez y sus funcionarios por lo que he denominado como ‘El Cartel de los Lotes’”.
Alega el cuestionado exmandatario “El lote de Aguas Vivas (que será la primera denuncia) fue sólo un campanazo de alerta: valorado de forma irregular en julio de 2019 por 44 mil millones, fue transferido al fondo inmobiliario 4 días antes de la finalización del gobierno de Gutiérrez. Este es, sin embargo, sólo la punta del iceberg”; pero no relaciona que las evidencias en la línea de tiempo, solo coinciden con las de su mandato y las actuaciones administrativas y legales, se hicieron con la firma de funcionarios de su administración.
Para hacerse a una idea de la línea de tiempo, el lote fue comprado el 29 de diciembre de 2014, dos semanas después que un acuerdo municipal le cambiara en el POT el uso del suelo, que impedía construir en él. Para el mes de marzo de 2015, se incluye dentro de los propietarios a Luis Pérez Gutiérrez que estaba en campaña a la gobernación que gana en octubre de ese mismo año y ya había sido alcalde de Medellín.
Entre el 2015 y el 2016, Luis Pérez, ya siendo Gobernador de Antioquia y su familia, no solo ampliaron su participación en la finca, sino que hace una especie de trueque con la finca del lado, llamada Las Brisas. Los documentos se hicieron en la Notaría 25, que después saldría a relucir en el escándalo del Lote de Carabineros, otro negociado de los Quintero que dejó al descubierto la investigación de la época de IFMNOTICIAS.
Desde el 2016 hasta el 27 de diciembre de 2019, el lote no tuvo movimientos ni alteraciones. Para ser exactos, ese día quedó registrada la cesión del terreno al Municipio, consignada en una escritura de la Notaría 19 de Medellín. Al llegar Daniel Quintero a la alcaldía, en el 2020, el 8 de mayo, ya en pandemia, el megalote Aguas Vivas fue traspasado al Municipio de Medellín de manera efectiva y volvió a tener movimientos, que un año después, fueron destapados por IFMNOTICIAS y EL COLOMBIANO.
Como el lote había sido comprado semanas después del cambio en el POT en el 2014, declarándolo un “pulmón verde” de la ciudad, sin posibilidad de que en él se pudieran adelantar proyectos inmobiliarios o construcciones; este fue entregado en calidad de compensación de “obligaciones urbanísticas”, aplicando un concepto que obligaba a los constructores a compensar con parques o espacios públicos a la ciudad, por el derecho a construir.
En una de las investigaciones, El Colombiano señaló que “Quintero, los dueños de Aguas Vivas no llevaron la escritura a la oficina de registro para que el traspaso quedara totalmente legalizado. En cambio, en febrero de 2020 interpusieron un derecho de petición para variar los términos de la escritura. Su solicitud era que si en un año no habían encontrado cliente para su lote, el Municipio se los pagara” al tiempo pidieron que les devolvieran el lote y que el equivalente a la compensación urbanística lo pagarían entonces, en efectivo.
Desde entonces, comenzaron los rifi-rafes con funcionarios de la Alcaldía que les hicieron saber que esto no era posible y que las condiciones eran conocidas, pero entonces, estos funcionarios, comenzaron a ser despedidos.
Con las negativas, los ya, expropiatorios del lote, pedían que les modificaran las escrituras, como ocurrió el 18 de marzo del 2020. “De nuestra parte, no tenemos el interés en continuar con el proceso ni entregar el lote si no se acepta la modificación aquí solicitada” decían en el derecho de petición.
Y fue el 9 de mayo de 2020, en tiempos de Daniel Quintero, cuando quedó al fin entregado el Lote oficialmente con registro a favor del Municipio. Para el momento, varios funcionarios habían sido despedidos y el tema se destrabó, pues ya de las negativas de la administración, a pensar siquiera en pagar algún valor a los exdueños, sorprendentemente se abrió la puerta para hacerles el pago de 48.234 millones de pesos.
Esta línea de tiempo, la quiere desconocer Daniel Quintero, quien con su “denuncia penal” interpuesta, podría estar pegándose “un tiro en el pie”; pues las evidencias muestran que si existe, algún “cartel de los lotes”, se dio en su administración, como pasó con el de carabineros y otros mas, en donde estaban involucrados desde su hermano Miguel, su esposa Diana, y hasta hijos de notarios y expolíticos de Bello.
Pero la línea de tiempo, con las irregularidades que de la Administración Quintero que hoy el exalcalde quiere desconocer, los compromete mas. Justo el 10 de septiembre del 2020, es decir, nueve meses y 10 días después de que Quintero asumió el poder, el secretario de Gestión y Control Territorial del momento, Carlos Mario Montoya, le respondía a algunos de los exdueños, que el predio era clave para el programa bandera del alcalde Quintero. Para ese día, quedó claro que Montoya «aceptó a nombre de la Alcaldía todas las pretensiones de los exdueños de Aguas Vivas».
El proyecto bandera de Quintero para ese momento, era le «Valle del Software», un gran complejo en el que buscaba sacar a Ruta N y proyectar un nuevo espacio para potenciar la tecnología, el desarrollo tecnológico que estuvera a tono con el nuevo Distrio de Ciencia y Tecnología de Medellín; un proyecto al que le invirtieron cuantiosos recursos y del que no hubo nada para el final de su administración.
Quintero para llegar a la alcaldía había sido apoyado por el exgobernador Luis Pérez y Montoya, para la época, el mejor aliado de los dos.
De repente y cuando todo estaba listo para que la Administración pagara los mas de 48 mil millones de pesos, los medios, IFMNOTICIAS y El Colombiano, pusieron al descubierto la trama y comenzaron en el 2021, las consultas desde diferentes entidades de la administración toda vez que uno de los puntos cuestionados, era que si el lote no podía ser construído, cómo sería posible que fuera el destinado para ubicar allí el «Valle del Software».
En la detención del pago, intervino el entonces líder de Adquisición de Bienes Inmuebles quien se opuso a firmar pues consideraba que «el procedimiento jurídico de cesión anticipada a título gratuito estuvo ajustado a derecho y que no era procedente pagar por un activo que ya era del Municipio».
En Julio del 2020, los exdueños habían solicitado una conciliación en que exigían el pago de los $48.234 millones. El abogado Marín Fuentes fue el encargado y posteriormente, defendería a Quintero contra la iniciativa de revocatoria. En el camino se quedaron despedidos, seis altos funcionarios y dos exsecretarios que se negaron a participar del «torcido».
