Días atrás se dio a conocer un cambio con ocasión de las obligaciones urbanísticas en la ciudad de Medellín a través de este comunicado:
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Sin embargo y pese a que esto no es un tema nuevo sino traído por el POT, llama la atención que justo cuando se da a conocer la investigación del periódico El Colombiano con relación al lote denominado “Aguas Vivas”, se ofrezca como oportunidades para compensar ambientalmente de tres formas:
- En el mismo espacio en donde se desarrolla el proceso constructivo,
- En dinero a la Administración Municipal,
- O con un predio en un espacio diferente al lugar en en donde se ejecuta el proyecto
Este último sería justo el caso de “Aguas Vivas”, en donde se quieren pasar de vivos, por lo que justamente no tiene sentido, que como se denunció, se de la opción y luego el mismo secretario, Carlos Mario Montoya, diga que tiene el dinero para reversar y pagar casi 20 veces más. Sin duda una intención que podría terminar siendo tipificado en un detrimento del patrimonio público.
Pero ¿en qué beneficiaría en un caso así?. La respuesta está en que se haría un ahorro sustancial del impuesto predial y luego al reversar el negocio, tendría un alto ingreso que daría una seguridad financiera al vendedor a costa de un detrimento patrimonial del municipio por reversar una operación y comprar un predio que ya era suyo, con el propósito de desarrollar en ese lugar, presuntamente “El valle del Software”, en una operación incomprensible por 48 mil millones de pesos.
El tema de las Obligaciones Urbanísticas, lo puso sobre el tapete IFMNOTICIAS.COM cuando denunció la presunta intención de venta de los derechos para construir en el lote de Carabineros en el norte de Medellín, en un intento de operación de chantaje y cobro de coimas a respetados constructores de la ciudad que se negaron, en un apartamento de la urbanización Salamanca.
Y es que para ese momento, se estableció el propietario del apartamento quien al defenderse de los señalamientos, explicó que se dedicaba a comerciar con las Obligaciones Urbanísticas, abriendo a la comprensión pública como funciona el tema.
En ese sentido, se entendió que los constructores deben compensar al municipio espacios públicos que deben entregar, preferiblemente en el marco de sus propias construcciones y de acuerdo con el área intervenida para que pase a ser espacio público traducido en parques lineales, parques infantiles o espacios adecuados.
Aquellos constructores que no tengan espacio, pueden pagar en la compensación, pero muchos prefieren entregar otros espacios de terrenos aunque estén ubicados en otros lugares de la ciudad. Muchos de los constructores, lo que hacen es que compran terrenos para luego entregarlos al municipio y en ese negocio, algunos han aprovechado para comprar y vender terrenos a los constructores, intercambiarlos o gestioinarlos ante la administración.
El negocio es posible gracias a que en el POT del 2014, en el Acuerdo 48, aprobado por el Concejo de Medellín, el municipio dejó una estructura ecológica y a esos espacios los llamó Espacios Públicos Proyectados. Algunos identificaron esa oportunidad y comenzaron a revisar todos los lotes en el municipio que se encontraban en esa connotación.
Es cuando los privados al ser consicentes de la oportunidad de negocio comenzaron a comprar esas tierras a unos precios que terminan multiplicándose, identificando estos lotes y pasan los estudios y diseños a la Secretaría de Planeación, en donde hacen la aprobación y a partir de esa aprobación, se ejecuta el ecoparque desde lo privado.
Tras ejecutar el proyecto, los privados hacen entrega jurídica al Municipio de Medellín a las secretarías de Medio Ambiente o a la de Infraestructura y posteriormente, la secretaría correspondiente entrega un cupo de obligaciones a quien desarrolló el proyecto.
Y es justo Ese cupo el que se le vende a los privados, es decir, a todos los constructores.
Es precisamente este negocio con tierras entre privados con tierras que deben terminar siendo públicas, el que tiene de trasfondo el escandaloso reclamo de 48.234 millones de pesos, que las empresas “IDC Inversiones, a través de su representante legal Juan Diego Moreno; Técnicas Constructivas, cuyo representante legal es Juan Fernando Rueda Salazar, y Juan Manuel Villegas como persona natural”, como lo señala El Colombiano.
Dentro de este negocio y como una sombra están los intereses, directos e indirectos, de Luis Pérez Gutiérrez, el exalcalde, exgobernador y hoy precandidato presidencial que de una u otra forma, termina involucrado en este tema desde sus antecedentes y como presunto beneficiario como lo revela el diario El Colombiano.
Lo que es sospechoso, es el comunicado de la Alcaldía de Medellín, con el que se comenzó este informe periodístico, pues justo sale el 2 de diciembre, justo en medio de las necesidades que tienen los implicados en la reclamación de Aguas Vivas de poder llegar a acuerdos y negociaciones; una coincidencia que se hace al menos sospechosa y que puede ser interpretada, según los analistas consultados, como la puerta que pueda beneficiar los intereses de quienes hacen la ilógica reclamación.
Lo otro que llama poderosamente la atención de los analistas, es que el terreno en cuestión, que ya es del municipio, termine siendo recomprado, no por los algo mas de 2 mil millones que vale, sino por mas de 48 mil millones si es que el secretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya, termina tomando la decisión; lo que lo pondrá en el ojo del huracán y en objetivo de la Procuraduría y la Contraloría; según señalan.
