La Defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó un contundente rechazo hacia la reciente decisión del Gobierno de designar a antiguos cabecillas paramilitares como «gestores de paz».
En un país donde las víctimas de atrocidades aún claman justicia, esta polémica medida plantea inquietantes preguntas sobre el verdadero compromiso del Estado con la paz y los derechos de quienes han sufrido en carne propia la violencia que estos mismos actores promovieron.
En sus declaraciones, Marín señala con precisión los crímenes atroces cometidos por estos nuevos «gestores». Nombres como Arnubio Triana Maecha, alias «Botalón»; Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias «Macaco»; Rodrigo Tobar Pupo, alias «Jorge 40»; y Hernán Giraldo Serna, alias «El Taladro», están asociados a los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia.
Fueron responsables de desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, masacres, secuestros y torturas, además de crímenes sexuales que dejaron una profunda herida en las comunidades y en las víctimas.
«¿Qué mensaje le estamos enviando hoy a las víctimas y a la sociedad?», cuestiona Marín. Su postura es clara: reconocer como gestores de paz a quienes fueron gestores de guerra es una bofetada a la memoria de las víctimas y una traición al principio de no repetición que debería guiar cualquier proceso de reconciliación en Colombia.
Además, la Defensora plantea dudas legítimas sobre las intenciones de estos individuos y si esta vez verdaderamente contribuirán a la paz. “¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho?” cuestiona, enfatizando la reincidencia de estos criminales y el hecho de que todos fueron expulsados de Justicia y Paz precisamente por seguir en actividades delictivas.
Este es el caso particular de Hernán Giraldo, conocido como «El Taladro», quien fue expulsado de Justicia y Paz en 2023 por seguir abusando de menores, incluso estando tras las rejas.
Para Marín, la paz no puede ser un acuerdo de impunidad disfrazado. Aunque reconoce que la resolución gubernamental afirma que la condición de gestores no cambiará la situación jurídica de estos criminales ni les otorgará beneficios judiciales, insiste en que el país necesita más garantías.
“Es esencial que una decisión del Gobierno no deshaga lo que la justicia ha logrado”, advierte, recordando que estos individuos deben cumplir sus penas y enfrentar las consecuencias de sus actos.
Asimismo, exige que esta designación esté sujeta a un riguroso plan de trabajo, monitoreado públicamente, y que los llamados «gestores de paz» asuman un compromiso real con la verdad y la justicia.
Para la Defensora, este proceso debe desarrollarse bajo estricta supervisión, donde estos actores mantengan “la cabeza agacha ante la justicia y ante las víctimas”, sin intentar maquillar su rol como si fueran benevolentes pacificadores.
La posición de Marín refleja la frustración de muchos colombianos que ven cómo el gobierno sigue abriendo espacios a figuras con antecedentes oscuros, mientras las víctimas siguen esperando justicia y reparación.
En un país cansado de promesas vacías, es fundamental que el derecho a la paz no se convierta en un vehículo de perdón sin consecuencias para quienes han destrozado tantas vidas.
Marín deja claro que, si bien es deseable terminar las guerras, la paz no puede construirse sobre la humillación y el olvido de las víctimas.
