La polémica en torno al nombramiento de Juan Carrillo como Presidente de ISA sigue escalando tras la respuesta de la empresa al Consejo de Estado, que el pasado 31 de octubre exigió la entrega de las actas correspondientes al proceso de selección y designación. ISA afirmó el 12 de noviembre que no puede cumplir con la orden judicial porque dichas actas, que van desde la 913 hasta la 919, aún no han sido aprobadas por su Junta Directiva, la cual está convocada para sesionar la próxima semana.
Insólitas excusas y cuestionamientos legales
En su solicitud de prórroga, ISA argumentó que “nadie está obligado a lo imposible” y que no cuenta con las actas definitivas. Sin embargo, esta explicación ha sido desestimada por el demandante, quien sostiene que no hay justificación válida para el retraso y que la empresa está incurriendo en una dilación injustificada de un proceso que debería caracterizarse por su transparencia.
La situación ha desatado críticas por la falta de celeridad y respeto hacia una orden judicial de alto nivel. Según analistas legales, el argumento de ISA podría interpretarse como una táctica para evitar o posponer la entrega de información clave sobre un nombramiento que ya ha generado controversia política.
Lo curioso es que en la respuesta evitan hablar de las actas solicitadas y atribuyen a otras las decisiones, lo que deja entrever que hay algo que se oculta o se pretende demorar para hacer conocer.
Carrillo y sus vínculos políticos: un tema sensible
El nombramiento de Carrillo no ha estado exento de controversias, especialmente por su cercanía con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, una figura divisiva en el ámbito político colombiano. Este vínculo ha suscitado preguntas sobre el grado de influencia política en una empresa que debería actuar bajo principios de independencia y eficiencia en la administración pública.
La falta de claridad en el proceso de selección alimenta las suspicacias y deja en el aire cuestionamientos sobre los verdaderos motivos detrás de las demoras y el secretismo en torno a las actas.
El impacto en la credibilidad de ISA y en la confianza institucional
Más allá de los posibles errores de procedimiento, la negativa de ISA a cumplir con la orden del Consejo de Estado plantea un problema más amplio: la confianza en las instituciones. Como una de las empresas más importantes del país en el sector energético, ISA tiene la responsabilidad de operar con altos estándares de transparencia y ética.
Cualquier percepción de incumplimiento o desdén por las normativas legales no solo afecta su credibilidad corporativa, sino que también puede minar la fe del público en el sistema judicial y en las instituciones que deberían garantizar la transparencia en la gestión pública.
La espera y las expectativas para la próxima semana
La Junta Directiva de ISA está programada para sesionar la próxima semana con el fin de aprobar las actas requeridas por el Consejo de Estado. Este momento será crucial para definir si la empresa finalmente entrega los documentos y cumple con el mandato judicial. Mientras tanto, la expectativa crece en torno a las decisiones que tomará el Consejo de Estado frente a este caso y a las posibles consecuencias para ISA si persiste en su posición.
Lo que está en juego no es solo la entrega de las actas, sino la percepción pública sobre el manejo de las empresas del sector público en Colombia y la prevalencia del interés general sobre las dinámicas políticas o particulares. La actuación de ISA en este caso será un precedente clave para futuras controversias de esta índole.
