La confirmación pública de la separación entre el presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer abrió una nueva controversia política en el país. La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, cuestionó el manejo de recursos públicos durante la gestión de Alcocer como primera dama y anunció su intención de solicitar una investigación penal por presunto peculado.
Carrasquilla, afirmó en un video compartido en sus redes sociales que la exesposa del mandatario tendrá que explicar el gasto de más de mil millones de pesos en viajes y asesorías mientras no ejercía formalmente funciones en el Ejecutivo.
En su mensaje, Carrasquilla sostuvo que, si la separación era un hecho desde hace varios años, no existía sustento jurídico para el uso de fondos estatales. “Usted tendrá que explicarle al país por qué gastó más de $1.000 millones en viajes y asesorías”, señaló, advirtiendo además que “la estarán vigilando”.
La concejal vinculó estas declaraciones con la reciente visita de Alcocer a la cárcel La Picota, donde sostuvo encuentros con reclusos de alto perfil, hecho que, según Carrasquilla, podría reflejar un ejercicio de funciones que no le correspondían. Mencionó que tales actuaciones podrían configurarse como peculado por apropiación o peculado propio, por lo que pedirá formalmente a las autoridades competentes la apertura de una investigación penal.
La polémica toma fuerza en medio del debate sobre los límites legales y administrativos del rol de la primera dama, una figura no contemplada en la estructura del Estado, pero que tradicionalmente ha contado con recursos públicos para actividades de representación. La controversia surge ahora tras las declaraciones del propio presidente Petro, quien reconoció la separación de Alcocer, pese a que en reiteradas ocasiones la presentó públicamente como su esposa en eventos oficiales.
Detractores del Gobierno han señalado que, si la separación era efectiva y no existía convivencia, la legitimidad de los gastos oficiales queda en duda, al no existir respaldo administrativo para la asignación de presupuesto a una figura sin funciones formales.
El caso se desarrolla luego de que Petro, junto a Alcocer y su hijo Nicolás Petro Burgos, fueran incluidos recientemente en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Mientras tanto, Carrasquilla reiteró que mantendrá el seguimiento sobre el manejo de los recursos vinculados a la gestión de Alcocer y que solicitará a los entes de control la verificación de los contratos, desplazamientos y asesorías financiados con dinero público durante su permanencia en el cargo simbólico.
