Proantioquia rechazó solicitud del Gobierno de suspender órdenes de captura en medio de diálogos de paz

En un momento crucial para las conversaciones de paz en Colombia, la organización Proantioquia ha manifestado su rotundo rechazo a una solicitud clave del Gobierno Nacional. La petición, dirigida a la Fiscalía General de la Nación, busca la suspensión de órdenes de captura y la liberación de personas que ya han sido condenadas, una medida que ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y social del país.

A través de un contundente pronunciamiento público, la entidad antioqueña advirtió que esta acción gubernamental representa “una afrenta contra todos los colombianos víctimas de la violencia”. Proantioquia argumenta que una decisión de esta naturaleza envía un mensaje profundamente negativo sobre la administración de justicia en el país, socavando la confianza en el sistema legal y en la reparación a quienes han sufrido las consecuencias del conflicto. El documento enfatiza que este tipo de determinaciones no solo generan incertidumbre, sino que también profundizan la zozobra en la ciudadanía.

La organización no solo cuestionó la esencia de la solicitud, sino también el contexto en el que se produce. Proantioquia hizo una referencia explícita a hechos recientes en los que algunas de estas personas, cuyas órdenes de captura se pretenden suspender o que ya han sido condenadas, han tenido apariciones públicas. Esta situación, según la entidad, “envía un mensaje de desconfianza a la ciudadanía y siembra un ambiente de zozobra en medio del proceso electoral que vivimos”, sugiriendo que tales acciones podrían influir negativamente en la percepción pública y en la estabilidad democrática durante un periodo tan sensible.

En su declaración, Proantioquia hizo un vehemente énfasis en la importancia inquebrantable de mantener el respeto por el marco institucional del país. La organización fue clara al asegurar que “el respeto a las instituciones, la Constitución y las leyes, no es un principio negociable en una sociedad democrática”. Esta postura subraya la necesidad de que cualquier avance en los diálogos de paz se realice dentro de los límites establecidos por el Estado de derecho, sin comprometer los pilares fundamentales de la institucionalidad colombiana.

Finalmente, Proantioquia subrayó que la solidez y la credibilidad del Estado de derecho dependen intrínsecamente de la transparencia en todas las decisiones públicas y del estricto cumplimiento de la ley. La entidad señaló que estos principios deben sostenerse “sin concesiones”, reafirmando su compromiso con la legalidad y la justicia. El llamado de Proantioquia resuena como una voz de alerta sobre los riesgos de flexibilizar las normas en aras de la paz, insistiendo en que la construcción de una paz duradera debe cimentarse sobre el respeto irrestricto a la justicia y las instituciones.