El Ejército de Liberación Nacional (ELN) divulgó un comunicado fechado el 8 de febrero de 2026 en el que responsabiliza al presidente Gustavo Petro de cerrar las posibilidades de una salida política al conflicto armado, luego de operaciones militares realizadas por las Fuerzas Armadas en la región del Catatumbo. El pronunciamiento se conoce días después de contactos exploratorios con participación de delegados del Gobierno, la Comunidad Internacional y la Conferencia Episcopal colombiana.
Según el texto, el ELN sostiene que el Gobierno decidió “claudicar” ante directrices de Estados Unidos y cuestiona lo que califica como una militarización creciente que, a su juicio, impide hablar de paz y de superación del conflicto. En ese contexto, el grupo armado afirma que las decisiones oficiales afectan la soberanía nacional y contradicen las políticas anunciadas de búsqueda de acuerdos.
El comunicado señala que el 2 de febrero recibió a un emisario del presidente Petro junto con representantes de la Comunidad Internacional y de la Conferencia Episcopal colombiana. De acuerdo con esa versión, el encuentro tuvo como objetivo evaluar la posibilidad de retomar la solución política al conflicto y revisar alternativas frente a la crisis de la Mesa de Diálogos. En esa reunión, el ELN afirma haber reiterado su voluntad de paz y la disposición a continuar buscando salidas negociadas.
No obstante, el grupo armado indica que, tras la reunión del presidente Petro con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la madrugada del 4 de febrero, el mandatario colombiano ordenó a las Fuerzas Armadas bombardear la misma zona del Catatumbo donde horas antes había concluido el encuentro relacionado con el proceso de paz con el ELN. Para esa organización, esta decisión significó un quiebre directo de los acercamientos que estaban en curso.
El ELN sostiene que la gravedad de los hechos no radica únicamente en la orden de acciones militares, sino en que, según su postura, dichas operaciones desconocieron alternativas de paz previamente autorizadas por el propio Gobierno. En el documento también se afirma que el Ejecutivo priorizó operaciones contra el ELN y la protección de estructuras disidentes de las antiguas Farc, en particular la denominada Banda del 33, con la que asegura que existirían alianzas territoriales. El grupo armado añade que los bombardeos en zonas pobladas constituyen una violación al Derecho Internacional Humanitario.
En el comunicado se cuestiona además el impacto de estas decisiones sobre la gestión adelantada por la Comunidad Internacional y la Iglesia, al considerar que las acciones militares dejan en entredicho los esfuerzos de mediación. Pese a lo que califica como incoherencias del presidente Petro frente al país y la comunidad internacional, el ELN manifiesta que mantiene la voluntad de paz expresada en la reunión del 2 de febrero.
Finalmente, el grupo armado asegura que, mientras se produce un cambio de gobierno, continuará dialogando con la sociedad, organizaciones populares y comunidades con el propósito de avanzar en la construcción de un Acuerdo Nacional, iniciativa que afirma haber planteado al país.
