Cepeda denunció intentos de frenar su aspiración presidencial

El senador Iván Cepeda, precandidato presidencial del Pacto Histórico, denunció públicamente presiones para impedir su participación en la consulta interpartidista prevista para el 8 de marzo de 2026, al tiempo que su aspiración quedó rodeada de cuestionamientos tras la realización de un evento político en un predio incautado y administrado por el Estado.

En un comunicado, el congresista afirmó que sectores políticos y mediáticos han empezado a instalar la idea de una eventual impugnación de su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, escenario que, a su juicio, afectaría de manera directa sus derechos a la participación política.

Cepeda sostuvo que el argumento central para excluirlo de la consulta radica en su participación en la jornada interna del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre de 2025. Según su versión, esa votación tuvo un carácter estrictamente partidista y no interpartidista, como se ha planteado posteriormente.

Indicó que en ese proceso participaron más de 2,7 millones de personas y que más de 1,5 millones respaldaron su nombre como candidato presidencial del movimiento. Bajo esa lectura, consideró que cualquier decisión que desconozca ese antecedente carecería de sustento jurídico.

El senador advirtió que, de materializarse un veto a su aspiración, tanto él como su partido acudirían a acciones legales y políticas para proteger las garantías electorales, no solo propias, sino de quienes participaron en la consulta interna. En su pronunciamiento, también anticipó posibles movilizaciones como respuesta a lo que describió como una vulneración abierta de derechos políticos.

Sin embargo, mientras el precandidato denunció supuestos bloqueos institucionales, su campaña enfrenta señalamientos por la utilización de la finca El Hatillo, un bien incautado y actualmente bajo administración estatal, para un evento vinculado a su proyecto político.

El encuentro, realizado el pasado 10 de enero de 2026 en Baranoa, Atlántico, fue convocado públicamente como la conformación de un “comité agrario de la campaña Iván presidente”, según piezas de difusión conocidas por medios nacionales.

El predio, identificado con matrícula inmobiliaria 040-16424, fue incautado a un empresario vinculado por las autoridades a estructuras criminales y su administración quedó a cargo de la Asociación Agraria, Campesina, Pescadores, Artesanas y Étnica (Asoagro). Su representante, Nelson Viloria Larios, negó inicialmente que el encuentro tuviera fines proselitistas y lo describió como un espacio de discusión sobre reforma agraria.

Consultado inicialmente, el representante legal de Asoagro negó cualquier vínculo del evento con el Pacto Histórico o con la campaña de Cepeda, señalando que se trataba de una actividad sobre reforma agraria. Posteriormente, ante la difusión de convocatorias y referencias explícitas al candidato, modificó su versión y reconoció que se discutieron propuestas relacionadas con la aspiración presidencial de Cepeda, aunque insistió en que no se trató de un acto oficial de campaña.

Cepeda, por su parte, afirmó no tener conocimiento previo de la reunión ni haber autorizado el uso de su imagen. Señaló que para la fecha del evento se encontraba fuera del país y que, de haber sabido de la actividad, habría intervenido para impedirla, recordando que los administradores de bienes incautados están sujetos a restricciones legales estrictas.

Así, mientras el senador denuncia intentos de exclusión electoral y anticipa una defensa jurídica de su candidatura, su aspiración queda atravesada por interrogantes sobre la gestión de apoyos y el uso de recursos estatales, en un contexto donde las reglas electorales y administrativas están bajo escrutinio público.