El presidente Petro reaccionó a la sentencia contra el exsenador Ciro Ramírez

El presidente Gustavo Petro se refirió al fallo en primera instancia realizado por la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia que condenó al exsenador Ciro Alejandro Ramírez Cortés a 23 años de prisión, esto tras tras hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

“Este senador del Centro Democrático lo dejaron salir por un tiempo y su cargo para votar en contra de la consulta popular y en las elecciones”, escribió desde su cuenta de X el jefe de Estado, para luego mencionar que ahora se hace justicias, y que por último aseguró que eran “corruptos votando contra el pueblo”.

Sobre el caso de Ramírez se supo que durante el juicio, la Corte demostró que este lideró una organización criminal compuesta por funcionarios públicos, particulares y contratistas, mediante la cual se estructuraron el Convenio 670 de 2021 y otros contratos derivados.

Según la sentencia, el propósito de la red era favorecer a quienes apoyaron la campaña política del exsenador, direccionando los contratos hacia determinados contratistas a cambio de beneficios electorales.

Por todo esto, en la sentencia se resolvió condenar a Ramírez como autor del concurso heterogéneo de los ilícitos de concierto para delinquir agravado consagrado en el artículo 340, en los incisos 2°y 3° del Código Penal, así como autor de cohecho propio descrito en el artículo 405, e interviniente del punible de interés indebido en la celebración de contratos.

La Corte resaltó que, aunque los contratos tenían como fin la construcción, implementación y mejoramiento de vías, acciones que aportaban significativamente al bienestar de la población, la conducta del excongresista se consideró grave por el uso de estos proyectos para fines personales y políticos.

“La actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral, siendo de destacar que tales contratos tenían por objeto obras de gran impacto social”, se señaló la sentencia.

En un segundo punto se resolvió imponer las penas principales de 279 meses y 8 días de prisión, así como la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones publicas de 280 meses y 20 días, así como una multa de 19.402,48 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen para la época en la que se dieron los hechos a $22.340.620.612,8 que tendrán que ser consignados a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho.

No obstante, en medio de todo el proceso se manifestó también que el exsenador fue absuelto del delito de interés indebido en la celebración de contratos en lo que respecta a los contratos identificados con los números 4 y 12, así como a los contratos de interventoría números 16 y 17.