El papel de Thomas Greg & Sons: Manejará logística de las elecciones 2026 y no tendrá acceso al escrutinio

En medio de cuestionamientos públicos y declaraciones del presidente Gustavo Petro, la Registraduría Nacional adjudicó este miércoles 9 de julio el contrato de más de 2.1 billones de pesos para la logística de las elecciones que se celebrarán en 2025 y 2026 a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026.

Dicha Unión, conformada por nueve empresas entre las que se encuentra Thomas Greg & Sons, fue la única oferente que cumplió con todos los requisitos del proceso y quedó encargada de prestar el servicio.

Según explicó la Registraduría, el alcance del contrato estará limitado a actividades logísticas y tecnológicas:

• Diseño e impresión de los kits electorales
• Transporte de los mismos dentro y fuera del país
• Custodia y la provisión de infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo los dispositivos usados para la transmisión de resultados desde los centros de votación.

Sin mebargo, no tendrá intervención en el conteo de votos ni en el escrutinio, tareas que continúan en manos de jurados designados y jueces municipales, quienes consolidan y verifican las actas con los resultados en cada localidad.

Desde 2022, además, el software de escrutinio es propiedad de la organización electoral del Estado y está bajo control del Consejo Nacional Electoral, sin participación de contratistas. Así lo recordó también el registrador nacional Hernán Penagos, quien detalló que serán los cerca de 700 mil ciudadanos que actúan como jurados de votación los encargados del conteo y diligenciamiento de formularios oficiales como el E-14, E-24 y E-11, y que la consolidación final queda a cargo de los jueces y notarios en cada uno de los 1.104 municipios.

La adjudicación se dio luego de un proceso que, de acuerdo con la Registraduría, tuvo acompañamiento preventivo por parte de la Procuraduría y la Contraloría General. También se realizó una socialización con doce organizaciones de la sociedad civil y misiones internacionales de observación como la OEA, IDEA Internacional y el Centro Carter.

La entidad sostuvo que la convocatoria fue abierta, pública, y promovida incluso a través de catorce embajadas, con el objetivo de ampliar la participación de empresas nacionales y extranjeras. Pese a ese esfuerzo, solo la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons presentó propuesta dentro del plazo.

La Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 está compuesta por Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., Thomas Processing & System S.A.S., Securid S.A.S., Thomas Greg Express S.A., Compañía Colombiana de Seguridad Transbank Ltda., Grupo ASD S.A.S., Opesa S.A.S. y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC. Todas estas compañías, de acuerdo con la Registraduría, cumplieron con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos para el contrato.

A pesar de las garantías técnicas y la vigilancia institucional que acompañaron la licitación, las declaraciones del presidente Gustavo Petro volvieron a instalar en la agenda pública la controversia sobre la empresa británica, que ha estado presente en los procesos electorales más recientes en Colombia. En varios de esos eventos, incluyendo los que llevaron a Petro al Congreso, la Alcaldía de Bogotá y la Presidencia de la República, Thomas Greg & Sons ya había cumplido funciones similares.

En medio de un clima político marcado por tensiones alrededor del sistema electoral, el papel de esta empresa y sus socios vuelve a estar en el centro de la discusión, a poco menos de un año del inicio del ciclo electoral que definirá el futuro del Congreso y la Presidencia en Colombia.