El futuro del Ministerio de la Igualdad y Equidad continúa abierto tras las votaciones registradas en las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara de Representantes, donde se negó el archivo del proyecto de ley que busca revivir esta cartera.
En la Cámara, 21 congresistas votaron por el No y 10 por el Sí frente a la propuesta de archivo, mientras que en el Senado el resultado fue de 12 votos por el No y 3 por el Sí. Con estos resultados, la iniciativa sigue su curso legislativo y pasa ahora a la discusión de la ponencia mayoritaria.
La decisión se produjo en medio de un ambiente político marcado por tensiones alrededor del debate. Sectores cercanos al Gobierno denunciaron que, en las horas previas a la discusión, el clima se tornó hostil hacia el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. La senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, señaló públicamente que algunos pronunciamientos de congresistas habrían desviado la discusión hacia ataques personales y cuestionamientos relacionados con la orientación sexual del funcionario, lo que, según expresó, desnaturaliza el debate legislativo.
Posteriormente, las Comisiones Primeras Conjuntas aprobaron la ponencia positiva del proyecto de ley con 20 votos en la Cámara y 12 en el Senado, manteniendo viva la iniciativa que dio origen al ministerio. La discusión continuará esta semana, en una sesión clave para definir si el articulado avanza hacia las siguientes etapas del trámite legislativo.
En paralelo al debate parlamentario, el Ministerio de la Igualdad volvió al centro de la controversia por cuestionamientos relacionados con su ejecución presupuestal. Daniel Briceño, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático, difundió un video en el que expuso un convenio suscrito entre la entidad y la Universidad del Valle por un valor de 520 millones de pesos, destinado a la realización de talleres sobre nuevas masculinidades durante un periodo de 35 días.
Según la información presentada por Briceño, el convenio contempla capacitaciones, espacios participativos y la aplicación de encuestas a cerca de 400 personas. El aspirante sostuvo que el gasto diario del proyecto ronda los 14 millones de pesos y detalló que los honorarios de los coordinadores alcanzan los 20 millones, los investigadores 15 millones y los editores de contenido para redes sociales hasta 12 millones por el mismo periodo.
Uno de los rubros que generó mayor discusión fue el correspondiente al diseño de material didáctico, que tendría un costo de 217 millones de pesos. Desde el Ministerio de la Igualdad se ha indicado que estos talleres hacen parte de políticas públicas orientadas a transformar patrones culturales y prevenir violencias de género, aunque las cifras han provocado críticas desde distintos sectores políticos y empresariales.
Briceño afirmó que, de llegar al Congreso, promoverá un proyecto de ley para eliminar el ministerio y cuestionó el tamaño de su estructura administrativa. Además, en intervenciones recientes, el exconcejal también denunció prácticas de clientelismo y presiones políticas en Bogotá, señalando tensiones entre la administración distrital y sectores del Concejo.
Mientras el Congreso define el rumbo del Ministerio de la Igualdad, el debate combina la discusión jurídica sobre su continuidad con cuestionamientos sobre su gestión y el uso de recursos públicos, en un escenario legislativo que sigue marcado por divisiones políticas.
