En medio de un panorama económico retador, las discusiones para definir el salario mínimo en Colombia para 2025 están por empezar. Representantes del Gobierno, gremios empresariales y centrales obreras próximos a encontrarse en la mesa de negociación y el consenso parece un objetivo difícil de alcanzar.
El Gobierno, liderado por el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, propuso un incremento cercano al 6.2%, considerando la inflación proyectada del 5.2% y un punto adicional por productividad. Esta cifra, sin embargo, está lejos de las aspiraciones de los trabajadores, que buscan un aumento superior al 10% para recuperar poder adquisitivo y mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos.
Por otro lado, los empresarios defienden un incremento más conservador, entre el 5% y el 6%, argumentando que un aumento desproporcionado podría afectar gravemente a las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del tejido productivo del país.
Escenarios proyectados
Jaime Rojas, experto del Politécnico Grancolombiano, proyecta un aumento cercano al 7%, aunque advierte que lo más probable es que, como en años anteriores, no se logre un acuerdo y el incremento sea definido por decreto presidencial.
Este ajuste, según el experto, será crucial para medir el equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial.
Cabe recordar que cerca del 10% de los trabajadores en Colombia devengan un salario mínimo, mientras que más de 10 millones de personas ganan menos de esta cifra.
Un aumento significativo podría mejorar la calidad de vida de estos sectores, pero también podría generar efectos adversos, como un incremento en la informalidad laboral y mayores costos para las empresas.
Por lo pronto, las discusiones iniciarán formalmente el 3 de diciembre, con jornadas clave los días 11 y 15, cuando se debatirán las propuestas. Si no se alcanza un acuerdo, el Gobierno tendrá hasta el 30 de diciembre para decretar el aumento.
El salario mínimo para 2025 no solo definirá el ingreso de millones de trabajadores, sino que será un termómetro del compromiso entre las partes para equilibrar demandas sociales con la realidad económica del país. El reloj corre, y las próximas semanas serán decisivas para el futuro económico de Colombia.
