(OPINIÓN) ¿Cómo salir del embrollo creado por la justicia politizada contra el expresidente Uribe? Por: Eduardo Mackenzie

Más que el injusto fallo de la juez Sandra Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que más me sorprende es la estrategia exclusivamente jurídica que parece haber adoptado el partido Centro Democrático.

La sentencia en primera instancia de la juez 44 penal del circuito de Bogotá que condena al expresidente Uribe por presuntos delitos de soborno y fraude procesal, no es aceptable. No por la absurda conclusión que contiene sino por la investigación parcial de los hechos y la vulnerable argumentación que ella finalmente presenta.

Estamos -y esta es mi íntima convicción, en la culminación de un juicio que comenzó hace 13 años, en el cual la instrucción y la decisión respondieron a un instinto puramente político. El fallador no tenía alternativa diferente a la de pronunciar una condena que el poder ejecutivo esperaba obtener al precio que fuera. Los cargos del demandante, el senador comunista Iván Cepeda, fueron demolidos por los testimonios, pruebas y raciocinios jurídicos presentados por los abogados del expresidente (muchas audiencias del proceso fueron bien mediatizadas) y, sin embargo, la juez se inclinó ante la argumentación derrotada de Iván Cepeda.

El documento leído por la juez el 28 de julio pasado, durante nueve horas ante los micrófonos de un medio audiovisual, es el resultado de una catástrofe: Colombia ha dejado de ser un Estado de Derecho. En su lugar, ha emergido ilegalmente un poder ejecutivo de nuevo tipo que dirige o pretende anular la división de poderes y regir todos los órganos del poder público, en violación flagrante de la Constitución de Colombia.

La respuesta a tal veredicto y destrucción del Derecho no puede dejar de ubicarse en el terreno político, ya que el debido proceso, y la argumentación jurídica contradictoria ante magistrados profesionales –es triste decirlo–, ha dejado de ser una vía en la Colombia de hoy y esa vía debe ser reconstruida lo antes posible.

¿Pero dónde está el análisis que hace el Centro Democrático sobre la situación creada por la sentencia del 28 de julio? ¿Qué conclusiones políticas saca para responder a los sectores sociales que ven el horror que contiene esa sentencia? ¿Cómo orientarlos para que puedan expresar su descontento legítimo? ¿Decirles que esperen el fallo de segunda instancia y un cambio de gobierno gracias a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 bajo control de Petro?

La citada condena no puede ser combatida únicamente con argumentos jurídicos. Estos no pesan nada en un régimen arbitrario y altamente corrupto como el actual. El elemento político –movilización de masas, huelgas, campañas de agitación y deliberación pacífica, desobediencia civil, es lo que puede crear una dinámica de recuperación del terreno y de reconstrucción del Estado de Derecho.

¿Qué protestas pacíficas está convocando el CD para impedir ya mismo que el jefe histórico del Centro Democrático, y de franjas que van más allá del uribismo, sea humillado, encarcelado y borrado de la escena política? ¿Qué iniciativas ha tomado el CD para derrotar el arbitrario andamiaje montado por el gobierno de Gustavo Petro que constituyó el marco final de hierro de la sentencia de la juez Heredia?

Hoy el presidente Petro es, de hecho, quien imparte justicia y deshace lo que otros edificaron en todas las esferas, sobre todo en economía nacional, salud pública, seguridad y defensa nacional. Si el país se somete a la horrible regla el sistema democrático que los colombianos construyeron a pesar de la violenta oposición armada comunista de 50 años (2), terminará enterrado definitivamente.

Una primera respuesta a lo ocurrido el pasado 28 de julio tendría que ser la realización de grandes manifestaciones de protesta pacífica en cada ciudad del país, exigiendo la aceleración de los procesos contra Petro por sus violaciones a la legislación electoral, y en favor de una revisión del proceso de Uribe y contra la deriva autoritaria que trata de consolidar cada día el presidente Petro.

Una segunda iniciativa podría ser la conformación de un tribunal ad hoc integrado por magistrados norteamericanos y europeos de probada honestidad y equilibrio que acepten reabrir el expediente, examinar los cargos y descargos, recabar pruebas si lo consideran necesario, y producir un nuevo veredicto.

El contexto internacional favorece esta opción. Altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, como el secretario de Estado Marco Rubio, su subsecretario Christopher Landau y varios congresistas republicanos, han llamado la atención sobre la posible “instrumentalización del poder judicial” en Colombia y piden la revisión del fallo del 28 de julio.

En la noche del lunes pasado, terminada la audiencia de lectura del fallo de la juez Heredia, Marco Rubio declaró: “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”. Esa instrumentalización fue confirmada cuando Gustavo Petro respaldó, horas después, el fallo de la juez a pesar de las protestas de millones de colombianos y de personalidades extranjeras. Furioso, Petro calificó esos comentarios de “intromisión de Estados Unidos” y gesticuló: “Este país es soberano”. ¿Soberano? Horas antes, Petro entregaba la soberanía de amplias regiones de Colombia al dictador de Venezuela pues éste quiere disponer de una “zona binacional” que cubra más de la mitad de la frontera entre los dos países.

No sería la primera vez que un tribunal especial es reunido en el mundo libre para combatir el uso criminal del aparato judicial que hacen los regímenes autoritarios y/o totalitarios contra sus adversarios.

Notas
(1).- Una decisión judicial debe tener una extensión razonable, no un mamotreto pseudo técnico interminable cuya sola lectura toma 9 horas, como es el caso de la decisión contra el expresidente Uribe. Tal profusión de páginas parece que tuviera la intención de ocultar su debilidad argumentativa y dificultar su lectura tanto para el justiciable como para los abogados y la ciudadanía.
(2) Las FARC cometieron ellas solas más de 100.000 asesinatos en 30 años. En Colombia cuatro otras organizaciones narco-comunistas no menos violentas han atacado la población civil y la fuerza pública durante más de 50 años.