(EDITORIAL) Las vías de hecho: ¿la única posibilidad para que la ciudadanía sea escuchada?

Con el paso de los días, Colombia ve, atónita, el crecimiento de las vías de hecho en todo el territorio nacional.

Ya sean los camioneros que rompen las talanqueras de un peaje en Doradal, para hacerse oír por el mal estado de la vía y los altos precios de los peajes, o los transportadores y volqueteros en Barbosa, Antioquia, que alzan su voz para exigir una tarifa diferencial en el peaje Trapiche o el taxista que terminó en su carro encerrado en los patios de Bogotá; todos tienen un elemento en común: las vías de hecho.

La sordera del Gobierno Nacional y de algunos gobiernos regionales y locales ha llevado a varios sectores de la nación al desespero. En Colombia, concretamente, pareciera que Petro y su equipo están muy dispuestos a sentarse a conversar, pero eso no concluye con una solución a las quejas y reclamos justos de la ciudadanía.

Al contrario: el Gobierno pareciera complacerse al llevarle la contraria a la ciudadanía, a los gremios, a las asociaciones y a todo aquel que se atreva a cuestionar, con argumentos, los frecuentes desvaríos de los ministros y del propio presidente.

Además, que la gente deba recurrir a las vías de hecho es el resultado del descuido del Gobierno a los clamores nacionales. Esta situación, anómala e indeseable, ya viene haciendo carrera no solo en los grupos organizados que representan intereses particulares, sino también en los ciudadanos del común.

Al fin de cuentas, la aterradora justicia por mano propia obedece al mismo principio, pues la gente ha dejado de confiar en la correcta aplicación de la justicia y ha decidido, de tiempo atrás, cobrar de inmediato las afrentas y los delitos que se cometen en su contra.

Así las cosas, la ausencia de justicia, el autismo estatal y el desprecio por los problemas de la ciudadanía se han convertido en caldo de cultivo para una anarquía ciudadana que se viene esparciendo como pólvora por todo el país.

Ninguna de estas acciones, ni la ruptura de las talanqueras en Doradal, ni el plan tortuga de los camioneros y volqueteros en Barbosa, ni la retención del taxista en los patios, ni mucho menos las «paloterapias» que les propina la ciudadanía a los delincuentes; son justificables en una democracia con instituciones funcionales.

No obstante, aunque no se justifiquen, las vías de hecho sí se pueden explicar a partir de la saturación e insatisfacción ciudadana ocasionadas por la desidia del Estado.

Cada vez son más frecuentes los reclamos por compromisos gubernamentales que no se han honrado, o por las promesas incumplidas de un candidato que resultó elegido, o por el facilismo y las ventajas que el aparato judicial les otorga a los delincuentes, sacrificando el bienestar y la seguridad de los ciudadanos decentes.

De hecho, la convocatoria al paro nacional del 14 de febrero obedece al proceso de deconstrucción institucional emprendido por el gobierno Petro y es, como todas las anteriores, una acción que la ciudadanía ha decidido para hacerse sentir y obligar al Gobierno a escuchar, no solo oír, los reclamos de la nación.

¿Petro y su círculo cercano estarán dispuestos a hacer algunas concesiones? Eso se sabrá antes del 14 de febrero, pues si la disposición es a un diálogo que desemboque en la rectificación del rumbo en varios temas, el paro dejaría de tener sentido. Sin embargo, lo visto en estos cinco meses indica que en el Gobierno, la soberbia se impondrá sobre la sensatez.