(EDITORIAL) La Estrategia de victimización de Petro: Entre la revolución y el supuesto “Golpe de Estado”

En un discurso que ha polarizado aún más el ya tenso panorama político colombiano, en la Universidad Nacional, el presidente Gustavo Petro ha afirmado que existe un plan para asesinarlo utilizando una volqueta llena de dinamita.

En medio de estas declaraciones, Petro ha llamado a la movilización popular, sugiriendo que la única respuesta a un presunto «golpe de Estado de corbatas» es una “revolución” desde las calles. Esta retórica, que mezcla la victimización personal con la satanización de los medios de comunicación y las élites, ha generado un debate nacional sobre la legitimidad y los riesgos de tales afirmaciones en una democracia.

La referencia de Petro al «golpe de corbatas» hace alusión a una supuesta conspiración en su contra, no con militares, sino con sectores de la sociedad civil y de la institucionalidad, incluyendo empresarios, jueces y políticos. La narrativa del «golpe blando», que el Presidente ha reiterado en varias ocasiones, posiciona a su gobierno como víctima de un ataque estructural, justificando su llamado a una revolución desde las bases sociales.

Este discurso ha sido difundido ampliamente en redes sociales y ha tenido eco en ciertos sectores de la población, especialmente en aquellos que consideran que las reformas impulsadas por el gobierno están siendo obstaculizadas por intereses de la “oligarquía”.

La reciente convocatoria a las movilizaciones del 19 de septiembre ha sido acompañada por imágenes virales y mensajes que incitan a la movilización del pueblo en defensa de la democracia.

Uno de los mensajes más difundidos reza: «A un golpe de Estado se le responde con una revolución». Este tipo de discurso, que apela a una narrativa de lucha de clases y enfrenta al pueblo contra las élites, ha generado preocupaciones sobre la posible radicalización política y la estabilidad del país.

Los detractores del Presidente argumentan que esta estrategia de victimización y de movilización popular es una forma de deslegitimar a las instituciones democráticas y de presionar a la sociedad para aceptar sus reformas sin la debida deliberación.

Afirman que al demonizar a los medios de comunicación y al sugerir que existe un complot en su contra, Petro busca generar un clima de miedo y de urgencia que justifique medidas excepcionales y permita al gobierno consolidar su poder.

Por otro lado, los defensores del mandatario sostienen que el llamado a la movilización es una respuesta legítima ante lo que consideran un cerco mediático y político que busca frenar las transformaciones sociales y económicas prometidas por Petro. En este sentido, el Presidente se presenta no solo como víctima de un sistema corrupto y excluyente, sino también como el líder que encarna las aspiraciones de cambio de una parte significativa de la sociedad colombiana.

El debate sobre si esta movilización representa una expresión democrática legítima o un preludio de radicalización política sigue abierto. La historia de Colombia está marcada por episodios de violencia política, y la posibilidad de que la retórica de la “revolución” se traduzca en acciones más radicales preocupa a diversos sectores, que temen que esto pueda desestabilizar el ya frágil equilibrio institucional del país.

En este contexto, la convocatoria a las calles del 19 de septiembre se convierte en un punto de inflexión. Mientras Petro insiste en que su gobierno está bajo amenaza y que la movilización popular es la herramienta para defender la democracia, sus opositores alertan sobre los peligros de una estrategia que puede fracturar aún más la sociedad y erosionar la confianza en las instituciones.

La movilización, en sí misma, no es un problema para la democracia. Sin embargo, cuando se convoca en términos de “revolución” contra un presunto «golpe de Estado», se abre la puerta a interpretaciones peligrosas que pueden justificar la violencia y la desobediencia civil, desafiando los límites de la legalidad y la convivencia pacífica. La legitimidad de las protestas depende, en última instancia, de su capacidad para articular demandas sociales dentro de un marco democrático, sin caer en la tentación de socavar las bases del Estado de derecho.

En medio de este complejo escenario, los medios de comunicación, a menudo satanizados por el discurso del Presidente, enfrentan el desafío de informar con objetividad y de mantener un espacio para el debate público, sin ceder a la presión de las narrativas polarizantes que buscan dividir al país entre “ellos” y “nosotros”.

La amenaza de un «golpe de Estado de corbatas» y el llamado a la “revolución” plantean preguntas difíciles sobre el futuro de Colombia y sobre la forma en que el poder y la resistencia se entienden en un sistema democrático.

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