Dirigentes y candidatos del Pacto Histórico denunciaron amenazas de muerte y plazo de 48 horas para abandonar el territorio

Dirigentes y candidatos del Pacto Histórico en el departamento de Norte de Santander denunciaron públicamente haber recibido amenazas de muerte presuntamente provenientes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes les habrían dado un plazo de 48 horas para abandonar el territorio.

La denuncia fue emitida desde San José de Cúcuta mediante un comunicado en el que se advierte que entre los amenazados se encuentran el senador electo Martín Alonso Caicedo Carabalí y varios candidatos a la Cámara de Representantes por ese departamento.

De acuerdo con el documento, también fueron señalados los candidatos Jaime Gómez, Liliana Barragán, Laura Amaya, Luis Alberto García y Andrés Obando, así como dirigentes del equipo de campaña de esa colectividad en la región.El comunicado señala que la amenaza también se dirige contra Rafael Romero, presidente departamental de la Unión Patriótica y copresidente del Pacto Histórico en el departamento, así como contra Manuel Hernández, gerente de campaña del movimiento.

Según la denuncia pública, el mensaje intimidatorio habría sido enviado por presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes advierten sobre represalias si los dirigentes continúan en la región. En el texto citado por los denunciantes se lee: “Guerrillero del pacto los tenemos identificados no permitiremos que en NDS exista insurgencia. Sabemos quiénes son sus líderes y como operan. Tienen 48 horas vamos por sus cabezas muertas. ATT AGC”.

Los dirigentes del Pacto Histórico indicaron que la amenaza establece un plazo de 48 horas para abandonar el territorio, bajo advertencia de que, de no hacerlo, podrían ser asesinados.Ante esta situación, los firmantes del comunicado hicieron un llamado a diferentes autoridades del Estado para que adopten medidas urgentes de protección. En particular, solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Norte de Santander, la Unidad Nacional de Protección y otros organismos estatales.

En el mismo documento también pidieron acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades de observación electoral como la Misión de Observación Electoral (MOE), así como de la organization.

Los denunciantes solicitaron que se adopten medidas inmediatas para garantizar su seguridad. En el comunicado se indica que el llamado a las autoridades busca que “se nos brinde protección inmediata y se nos garantice el elemental derecho a la vida”.

La denuncia fue fechada el 10 de marzo de 2026 en la ciudad de San José de Cúcuta y difundida por el equipo del Pacto Histórico en Norte de Santander. Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento oficial de las autoridades frente a estas amenazas.