Debate en el Senado sobre matrimonio infantil: Se sigue aplazando la justicia para los menores

El próximo miércoles 14 de agosto, el Senado colombiano volverá a discutir en tercera instancia un proyecto de ley crucial: la prohibición del matrimonio infantil en el país. 

Este 6 de agosto, tras largas horas de debate, la votación fue aplazada una vez más, dejando en vilo a miles de menores que siguen desprotegidos ante una práctica que algunos califican como «violencia legal».

Este proyecto de ley, que lleva un año recorriendo los pasillos del Congreso, se presenta bajo el lema “Son niñas, no esposas” y tiene como objetivo reformar el Código Civil colombiano. 

Actualmente, este permite que los menores mayores de 14 años puedan contraer matrimonio con el consentimiento de sus tutores, una norma que, según expertos, perpetúa diversas formas de violencia y vulneración de derechos.

Martha Royo, directora ejecutiva de Profamilia, ha sido una de las voces más firmes en esta lucha, subrayando que el matrimonio infantil no solo es una práctica arcaica, sino también un factor determinante en la reproducción de ciclos de pobreza y violencia. 

«El matrimonio infantil es una de las formas más brutales de violencia contra las niñas. Les roba su niñez, les impide un desarrollo pleno y las coloca en situaciones de vulnerabilidad extrema», afirmó Royo en declaraciones a un medio nacional.

Las estadísticas subrayan la urgencia del tema. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, después de México, con el mayor índice de embarazos infantiles. Más alarmante aún es que tres de cada cuatro de estas niñas están casadas o en unión temprana.

El aplazamiento del debate fue recibido con frustración por diversos sectores de la sociedad civil, que consideran que el Congreso está fallando en su deber de proteger a los menores.

«Este es un tema de derechos humanos, no de opiniones políticas», señaló Danitza Marentes, directora de la ONG Valientes, quien ha estado al frente de la campaña para elevar la edad mínima de matrimonio a 18 años. 

Marentes advirtió que la actual legislación normaliza y perpetúa la violencia contra los menores, al tiempo que criminaliza a las víctimas. «Se sigue escuchando que las niñas que quedan embarazadas a los 15 años son las culpables, cuando en realidad son víctimas de un sistema que las desprotege», agregó.

Además del impacto social, el proyecto de ley también señala las consecuencias económicas del matrimonio infantil. Un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas reveló que el embarazo en adolescentes representa un costo del 0,50% del Producto Interno Bruto (PIB) anual, una cifra que, según los defensores del proyecto, debería motivar al Estado a tomar medidas preventivas más contundentes.

La iniciativa cuenta con el respaldo de varios congresistas, entre ellos Jennifer Pedraza (Dignidad) y Alexandra Vásquez (Pacto Histórico), quienes han sido las principales impulsoras del proyecto. Ambas coinciden en que la aprobación de esta ley sería un paso decisivo hacia la justicia y la protección de los derechos de los menores en Colombia.

La incertidumbre continúa, y con ella, la lucha de miles de niñas que esperan que el Estado colombiano les garantice un futuro libre de violencia y coerción. El próximo 14 de agosto, el Senado tiene en sus manos no solo la posibilidad de aprobar una ley, sino de cambiar la vida de miles de menores en el país.

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