(DENUNCIA) «Franquicia» de la Secretaría de Educación: ¿quién o quiénes serían los verdaderos dueños?
El aspirante al Concejo de Medellín David Toledo dio a conocer el que sería un nuevo escándalo de corrupción en la Secretaría de Educación de Medellín. Según el denunciante, en la costumbre de Quintero Calle de «ceder el control de la contratación» habría decidido entregar el manejo de la entidad a
El aspirante al Concejo de Medellín David Toledo dio a conocer el que sería un nuevo escándalo de corrupción en la Secretaría de Educación de Medellín.
Según el denunciante, en la costumbre de Quintero Calle de «ceder el control de la contratación» habría decidido entregar el manejo de la entidad a una familia venezolana: los Carrero Valentiner.
Sobre esta familia, de la que afirma Toledo tiene sus raíces en lo más profundo del chavismo venezolano, asegura que son dueños de una de las empresas de seguros más grandes de Venezuela, además de ser propietarios de una cadena radial y de dos equipos de béisbol.
Uno de los miembros de este clan familiar, Rafael Carrero, fue compañero de estudios de Albert Corredor y gracias a esta amistad, según el denunciante, los Carrero Valentiner lograron negociar el control de la Secretaría de Educación, al parecer, por 1.5 millones de dólares, dinero con el que habrían comprado «la franquicia» la entidad.
Como los Carrero Valentiner no podían encargarse de nuevo negocio, dice David Toledo que pusieron a Juan Andrés Biord al frente del tema. De hecho, a Biord se le ve siempre al lado de Quintero, como en la fiesta realizada en la finca de Albert Corredor en San Jerónimo. Asimismo, dice Toledo que, presuntamente, Biord «se encarga de cobrar las coimas a los contratistas de la Secretaría de Educación».
De igual forma, David Toledo asegura que, «según algunas fuentes, los tentáculos de los Carrero llegaron hasta AFINIA, donde junto a William Ortega, su hijo Sebastián Ortega, el convicto Emilio Tapia y otros se repartieron los contratos de AFINIA».
Estas graves denuncias deben ser abordadas de inmediato por la Fiscalía y la Procuraduría, con el fin de determinar los alcances de esta presunta modalidad de corrupción que afectaría directamente a las nuevas generaciones medellinenses y golpearía seriamente el erario de la capital de Antioquia.

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