Intervenciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en la Registraduría Nacional del Estado Civil, aumentan la sospecha.
En medio de crecientes denuncias, diversos sectores y personalidades han señalado las posibles intenciones del presidente Gustavo Petro de tomar control sobre el sistema electoral colombiano de cara a los comicios parlamentarios y presidenciales de 2026. Estas acusaciones se ven reforzadas por recientes acciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dirigida por Cielo Rusinque, quien ha sido identificada como defensora del presidente Petro. La entidad, sin aparente competencia directa sobre asuntos electorales, ha realizado visitas e imputado cargos a funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, generando una controversia sobre el alcance de sus facultades y su papel en el contexto electoral.
La Superintendencia realizó un proceso de “visitas administrativas” entre el 12 y el 22 de marzo en la Registraduría, asegurando que estas inspecciones tienen como propósito verificar el cumplimiento de las normas de competencia económica en el mercado colombiano. Sin embargo, funcionarios de la Registraduría cuestionaron la legalidad de estas inspecciones y su relación con la función electoral, a lo que la SIC respondió con imputaciones de cargos contra nueve funcionarios, alegando que estos “omitieron” los requerimientos de información solicitada. Esta imputación, en medio de la tensión política, ha sido interpretada como un esfuerzo para debilitar a la entidad electoral y abrir paso al control estatal del proceso electoral.
El control de bases de datos, el objetivo central
Para varios analistas y opositores al gobierno, estas acciones estarían encaminadas a intervenir el manejo del censo electoral y la base de datos de ciudadanos, las cuales monopoliza la Registraduría como única autoridad de expedición de documentos de identificación en Colombia. Los críticos señalan que el gobierno busca interferir en los contratos y licitaciones de la Registraduría, cuestionando acuerdos con proveedores privados y creando un ambiente de presión para influir en el manejo de información sensible del sistema electoral.
Además, la intervención de la Superintendencia en la Registraduría recuerda, según algunos sectores, las prácticas en Venezuela donde la estructura electoral fue modificada para facilitar un mayor control del Estado sobre los procesos de votación. Las imputaciones y la posibilidad de sanciones a los funcionarios de la Registraduría parecen aumentar la preocupación de que estas intervenciones busquen amedrentar y someter a los funcionarios a la presión de la autoridad gubernamental, erosionando así la autonomía electoral.
Reacciones y denuncias en el Congreso
El senador David Luna ha sido uno de los críticos más fuertes frente a la situación. A través de declaraciones en medios y redes sociales, Luna ha manifestado sus sospechas sobre las intenciones del gobierno de intervenir en el sistema electoral: “Llevo más de 6 meses alertando que Petro le quiere meter mano a las elecciones del 2026 para manipularlas, y el tiempo me dio la razón”, señaló Luna, quien destacó tres factores en esta estrategia de intervención: la reducción del presupuesto a la Registraduría, la permisividad hacia grupos armados que controlan territorios estratégicos, y el papel de la SIC como “policía política” para intentar supervisar y controlar las bases de datos.
La respuesta de la Superintendencia y las sanciones
La SIC ha defendido sus acciones argumentando que, como entidad encargada de la protección de la competencia, tiene facultades para exigir documentación de cualquier entidad estatal, incluso la Registraduría, cuando sus procedimientos podrían afectar el régimen de libre competencia. Sin embargo, las multas y las posibles sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos por incumplimiento en la entrega de información han generado críticas sobre la proporcionalidad de la medida, considerando la importancia de la Registraduría en la organización de elecciones justas y democráticas.
Un llamado a la transparencia electoral
Las denuncias en torno al manejo del sistema electoral en Colombia no son nuevas, pero la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio en la Registraduría ha incrementado la tensión y las sospechas de un posible intento de centralización del poder. La oposición, así como diversos actores de la sociedad civil, llaman al gobierno de Gustavo Petro a respetar la independencia de las instituciones y la autonomía del sistema electoral, una piedra angular en la democracia colombiana, especialmente en un momento en el que el país se aproxima a elecciones clave en 2026.
