El concurso de méritos para la selección de jueces y magistrados en Colombia, que inició en 2018, ha estado marcado por serias deficiencias y retrasos, convirtiéndose en el proceso más largo de los últimos 30 años.
Con un costo superior a los 26.000 millones de pesos, y tras seis años en curso, se prevé que aún faltan dos años más para su conclusión. Actualmente, solo quedan 2.310 aspirantes, una cifra insuficiente para cubrir las 2.744 vacantes disponibles, sin contar las que se generen en los próximos seis años.
El IX Curso de Formación Judicial, que representa el 20% del proceso de selección, ha sido objeto de denuncias por irregularidades en su diseño y evaluación. Nidia Gómez, representante de la Iniciativa Formación Judicial, que agrupa a 750 afectados, señaló que este curso ha sacado del concurso al 49% de los aspirantes sin justificación clara. “Una lista que no cubra las vacantes actuales y las que estén por generarse es una omisión del Consejo Superior de la Judicatura a su obligación constitucional y legal de nombrar todos los cargos de jueces mediante el mérito”, expresó Gómez.
Entre las denuncias se incluye la contratación de una unión temporal sin experiencia en formación y evaluación judicial para la ejecución del curso, y la acumulación de 24 evaluaciones parciales en solo dos días. Además, se identificaron fallos en la plataforma de evaluación virtual, problemas de seguridad informática, y un uso deficiente del sistema antifraude (proctoring).
Un perito que revisó el curso afirmó que no se cumplieron los parámetros para educar y medir adecuadamente las competencias de los aspirantes, señalando que las evaluaciones eran confusas e inducían al error. Se incluyó contenido no anunciado y algunas preguntas exigían el aprendizaje de 240 textos de memoria, lo que complicaba aún más el proceso.
Gómez destacó que la exclusión arbitraria de los participantes impide que la pluralidad de condiciones y culturas tengan una representación objetiva en la justicia. “El Consejo Superior de la Judicatura está debilitando el mérito y fortaleciendo el clientelismo, ya que, en ausencia de una lista de elegibles, jueces provisionales son nombrados a discrecionalidad”, denunció.
Frente a esta situación, los afectados exigen que se re-incluya a los 1.500 aspirantes eliminados y que se replantee el curso de formación. La duración prolongada del concurso ha impactado las vidas de los concursantes, muchos de los cuales enfrentan brechas tecnológicas, económicas y de género.
Con más de 100 acciones legales interpuestas, la convocatoria 27 de selección de jueces y magistrados se ha convertido en un proceso cuestionado, poniendo en duda la transparencia y la eficacia del sistema judicial en Colombia.
