La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) denunció ante la Fiscalía General de la Nación a 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por presunto fraude con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).
Según el director de la entidad, Félix León Martínez, estas IPS habrían facturado servicios sin contar con infraestructura real, apropiándose de aproximadamente $79.511 millones.
El presunto fraude consistía en registrar atenciones médicas a víctimas de accidentes de tránsito cuyos vehículos no contaban con Soat. De esta manera, las IPS falsas cobraban directamente a la Adres por servicios que nunca fueron prestados.
“Nos encontramos con que muchas de estas IPS, cuando fueron verificadas, no tenían infraestructura alguna: eran lotes vacíos, casas abandonadas o simplemente no existían”, afirmó Martínez.
Las auditorías e inspecciones realizadas por la Adres y empresas auditoras contratadas permitieron identificar que las IPS no solo eran ficticias, sino que los pacientes que supuestamente atendieron tampoco existían. “No había registros reales ni infraestructura para brindar los servicios médicos por los que cobraban”, explicó el director de la entidad.
El fraude fue identificado en 28 municipios de Atlántico, Córdoba y Magdalena. Según Martínez, estas IPS estaban registradas en el Sistema de Registro de Prestadores de Salud, lo que les permitía acceder a los pagos de la Adres sin verificaciones previas sobre su existencia física.
“Lo más preocupante es que estas IPS estaban habilitadas en el sistema sin existir físicamente. Eso significa que alguien, en algún nivel, permitió su registro sin verificar su infraestructura”, señaló Martínez.
Este hallazgo ha generado discusión sobre los controles en el sistema de salud y sobre si el giro directo de recursos por parte de la Adres, sin intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), garantiza transparencia o facilita la corrupción.
Martínez indicó que este tipo de fraude podría estar presente en otras IPS. En años anteriores, se habrían pagado cerca de $50.000 millones a entidades fraudulentas por servicios inexistentes.
En febrero de 2024, se implementaron nuevos requisitos para el reconocimiento de facturas por accidentes de tránsito. Ahora, las clínicas y hospitales deben notificar a las autoridades judiciales sobre cualquier lesión atendida, lo que permitirá un mayor control sobre la veracidad de los casos reportados.
“Antes de 2024, no existía un mecanismo de inspección en terreno. Simplemente se pagaban las cuentas si cumplían con los requisitos en papel”, indicó Martínez.
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