Julián González* se venía desempeñando como psicólogo de una institución educativa del municipio de Medellín desde hace ya varios años, vinculado a través de uno de los programas de la Secretaría de Educación del distrito, atendiendo estudiantes y ayudándolos a afrontar situaciones complejas personales y familiares, incluso durante la pandemia hizo todo el acompañamiento psicológico, al igual que el que se venía desarrollando en la post pandemia para disminuir los índices de suicidios en Medellín y el fortalecimiento del entorno social de los estudiantes.
Sin embargo, su trabajo comenzó a ponerlo contra la pared, y es que luego de que el concejal Albert Corredor renunciara a su curul y al partido que le dio el aval para llegar al Concejo de Medellín, comenzó a recibir por parte de sus superiores y compañeros invitaciones directas para acompañar a Corredor en el Club Medellín, en eventos de carácter netamente político, con el fin de que el exconcejal pueda construir su candidatura a la Alcaldía de Medellín.
Las invitaciones se volvieron recurrentes, al punto de llegar con formularios de google para pedir información de personas cercanas y convenciendo a los contratistas para que multipliquen la convocatoria y de esta manera llenar salones en los lugares de encuentro, además de recopilar la información de cada uno, ya que en el formulario se pedían datos personales como el número de cédula y hasta el último certificado de votación donde constate que su lugar de sufragio es la ciudad de Medellín.
“Si participabas en estas reuniones ganabas puntos, si llevabas personas, ganabas puntos”, al extremo de parecer un multinivel donde se van subiendo escalones en la medida de que las ventas aumenten, en este caso en la media que se logre convocar más gente que escuche los planteamientos de Albert Corredor para llegar al piso 12 de La Alpujarra.
Co esta presión, que además no tiene nada que ver con las funciones para las que fue contratado Julián, llegó el 24 de agosto fecha en la que llegaba a su fin el contrato de cientos de los profesionales vinculados al programa, y ¡oh sorpresa!, aquellos profesionales que no fueron a las reuniones, que no multiplicaron la invitación, como fue el caso de Julián no le renovaron la contratación y tuvo que decir adiós a los estudiantes que acompañó durante años.
Con Julián salieron cerca de 50 profesionales en psicología, de los cerca de 260 que componen el programa, que poco a poco han sido remplazados por unos nuevos, pero dejando los proceso con los estudiantes en punta, sin posibilidad de seguimiento.
Con esta determinación someten a los estudiantes con los que se estaban adelantando procesos complejos a tener que ganarse de nuevo la confianza en un nuevo profesional, a revictimizarse, ya que algunos de ellos tienen entornos familiares muy complejos que requieren de acompañamiento, y lo más complejo es que son decisiones de carácter político sin pensar en los chicos que están en proceso y que de este puede depender incluso la vida de ellos.
Lo cuestionable no es realizar reuniones políticas, sino condicionar la continuidad de una serie de profesionales muy capaces al apoyo a determinado político que tiene el control del programa y cuotas políticas que maneja a su antojo.
Es importante recordar que Albert Corredor tiene una serie de cuotas burocráticas en las altas esferas de la Secretaría de Educación y con estas actuaciones estaría buscando convertir la cartera en el trampolín de su candidatura, con el apoyo y el auspicio de Daniel Quintero. Esta es la realidad a la que se enfrentan quienes pretendan llegar al piso 12 de La Alpujarra.
*Nombre cambiado por protección de la fuente
