El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, reapareció este jueves en la audiencia de acusación en su contra, que se adelanta de manera virtual ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
González se conectó desde Nicaragua, donde permanece desde que estalló el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La diligencia comenzó a las 8:00 de la mañana y fue presidida por la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila.
La defensa de González, liderada por el abogado Iván Cancino, presentó un extenso pliego de preguntas que busca esclarecer de manera detallada los hechos imputados por la Fiscalía General de la Nación.
Entre los principales cuestionamientos se incluyó la trazabilidad de los 4.000 millones de pesos supuestamente desviados, el origen de los recursos y la vinculación de González con intermediarios como Luis Eduardo López Rosero y Pedro Castro.
La defensa solicitó además precisiones sobre contratos específicos, como el de los carrotanques, y sobre el supuesto papel de González en la entrega de dádivas a congresistas para garantizar respaldo legislativo a proyectos del Ejecutivo.
Cancino también pidió aclarar el uso del término “ordenar” en el escrito de acusación, cuestionando si González, como director del Dapre, tenía jerarquía sobre otros funcionarios implicados, como el director de la UNGRD, Olmedo López, o la consejera Sandra Ortiz.
Asimismo, se exigió distinguir entre ser “determinador” de un acto ilícito y ser coautor, concepto que se volvió central en el discurso de la defensa de González.
En ese sentido, la defensa hizo un requerimiento para que se especifiquen los proyectos de ley concretos que habrían sido objeto de apoyo irregular por parte de los legisladores, y los detalles sobre la comunicación directa entre González y los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Por su parte, la Fiscalía, a través de la fiscal María Cristina Patiño, presentó un documento de cerca de 60 páginas que describe el presunto modus operandi del esquema de corrupción.
Según el ente acusador, González habría tenido un papel central en la estructura de desviación de recursos desde la UNGRD, incluyendo la coordinación de pagos ilegales y la asignación irregular de contratos, con el fin de garantizar apoyo político a proyectos del Gobierno.
Se mencionó que los montos iniciales de los sobornos habrían alcanzado los 60.000 millones de pesos, aunque el valor efectivamente entregado habría sido menor.
Durante la audiencia también se discutió el reconocimiento de víctimas dentro del proceso, la Contraloría General de la República solicitó ser reconocida por su papel en la protección del patrimonio público y para garantizar los derechos a la verdad y la justicia, y la UNGRD solicitó ser reconocida como víctima directa del presunto peculado, alegando un perjuicio económico de 4.000 millones de pesos.
