Defensa de Carlos Lehder solicitó su libertad inmediata tras cuestionar validez de captura

Carlos Lehder, excapo del Cartel de Medellín y antiguo socio de Pablo Escobar, enfrenta un nuevo capítulo judicial en Colombia tras su regreso al país. Luego de ser detenido a su arribo a Bogotá, su defensa ha interpuesto un recurso de hábeas corpus con el objetivo de obtener su libertad inmediata, argumentando que la orden de captura en su contra perdió vigencia hace años.

La abogada de Lehder, Sondra Macollins, sostuvo que la orden de captura que llevó a su detención se originó en una sentencia de 1995 y nunca fue prorrogada conforme a lo establecido en la legislación colombiana. Según la defensa, la Ley 906 de 2004 estipula que una orden de captura solo es válida por un año y debe ser renovada por solicitud del fiscal, lo que no ocurrió en este caso. Por esta razón, afirman que su detención carece de fundamento legal.

A pesar de los argumentos de la defensa, el Juzgado Segundo de Control de Garantías de Bogotá declaró legal la captura y emitió una orden de prisión preventiva para Lehder. Sin embargo, Macollins insiste en que su cliente no tiene procesos pendientes en Colombia y que la Fiscalía había certificado previamente que no existían requerimientos judiciales en su contra. La jurista expresó su confianza en que la justicia colombiana no repetirá lo sucedido en 1987, cuando Lehder fue extraditado a Estados Unidos en un procedimiento que su defensa considera irregular.

Lehder, quien cumplió una condena de 34 años en Estados Unidos por narcotráfico, se estableció en Alemania tras su liberación en 2020, amparado en su doble nacionalidad. No obstante, su regreso a Colombia reavivó el debate sobre su situación jurídica, especialmente en relación con la orden de captura de 2017 por porte ilegal de armas y fabricación de explosivos, delitos que habrían sido juzgados en la década de los 90.

El próximo lunes 31 de marzo, Lehder comparecerá ante el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, donde se determinará si la pena de 24 años impuesta en 1995 aún es ejecutable o si ha prescrito. Mientras tanto, el excapo permanece bajo custodia, a la espera de una decisión que podría definir su futuro en el país.

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