Durante la semana que está concluyendo el Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato al alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle; a la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Isabel Cristina Cadavid Álvarez; al comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, al brigadier general Carlos Humberto Rojas Pavón; a la directora seccional de Fiscalías, Yiri Milena Amado Sánchez y a la directora seccional del ICBF, Isabel Cristina Patiño Mejía.
El Tribunal adoptó dicha acción contra los funcionarios en mención por el incumplimiento de la orden de ejecutar un plan de intervención especial en el sector de Cúcuta con la Paz, en el centro de la ciudad, más conocido como «el Bronx de Medellín».
Vale recordar que en 2022 fue emitida una orden para que la Administración Distrital y demás autoridades competentes ejecutaran una intervención integral en ese lugar donde abundan personas en situación de calle, drogadicción, prostitución, microtráfico, entre otras falencias sociales que siguen sin atenderse.
Pero, ¿qué implicaciones puede tener este incidente de desacato impuesto al alcalde y a las autoridades antes mencionadas? De acuerdo con el abogado Juan David Giraldo, «si se declara el desacato puede haber sanción económica o penal», aunque considera que la última opción es algo lejana.
De igual manera, el jurista aclaró que antes de que se declare el desacato, el juez llamará a las personas contra quienes se inició el recurso para que demuestren que no han incurrido en desobediencia a la orden de intervención de la zona antes mencionada y que, por el contrario, ya están tomando acciones de intervención integral para superar los problemas sociales que afectan no solo a las personas en situación de calle, sino también a los residentes del sector, quienes han visto un deterioro en su calidad de vida.
