Después de ejercer como embajador en Ghana, Daniel Garcés Carabalí será el nuevo director de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, según se deduce de la publicación oficial de su hoja de vida en el portal de la Presidencia de la República.
El regreso de Garcés al Gobierno de Gustavo Petro se da tras su salida del servicio diplomático, solicitada por la entonces canciller Laura Sarabia, luego de que se hiciera pública una denuncia por presunta violencia intrafamiliar interpuesta por su expareja.
La denuncia señala que la madre de los hijos de Garcés, quien tiene la custodia legal de los menores, autorizó un viaje temporal a Ghana para que estos visitaran a su padre. Sin embargo, Garcés se habría negado a permitir el regreso de los niños a Colombia, manteniéndolos fuera del alcance de su madre.
Según Beatriz Josefina Niño, expareja del funcionario, Garcés también intentó revocar la custodia materna a través de un proceso judicial, presentando presuntas acusaciones sin fundamento con el objetivo de desacreditarla ante el juzgado de familia.
El nombramiento ha generado fuertes reacciones. La representante a la Cámara por el partido Colombia Humana, Alexandra Vásquez, se pronunció recientemente sobre el caso:“El embajador de Colombia en Ghana es un presunto vicario maltratador. Es aterrador lo que han tenido que vivir su exesposa e hijos con este ‘digno’ diplomático”, expresó la congresista.
Daniel Garcés Carabalí es abogado y administrador de empresas, con un máster en Derechos Humanos e Interculturalidad, así como un doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas. Ha desempeñado cargos en la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Interior, WWF Colombia y, más recientemente, como embajador de Colombia en Ghana.
Su designación se suma a una creciente lista de nombramientos en el Gobierno Petro que han generado controversia por la presencia de funcionarios con denuncias o antecedentes de violencia intrafamiliar y de género en altos cargos del Estado.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición han exigido mayor rigurosidad ética en la selección de los servidores públicos, especialmente en cargos sensibles como el que ahora ocupará Garcés en la Agencia Nacional de Tierras, entidad clave para el relacionamiento con comunidades étnicas del país.
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