Cuatro exdirectivos de la Nueva EPS a juicio por presunto ocultamiento de facturas y desvío de millonarios recursos

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por su presunta participación en un plan que habría ocultado facturas y desviado cerca de 70.500 millones de pesos en deudas con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), correspondientes al periodo 2019–2023.

De acuerdo con el escrito de acusación, los procesados son José Fernando Cardona Uribe, Juan Carlos Isaza Correa, Edgar Pedraza Castellanos y Fabián Alberto Peralta Núñez, quienes, según la investigación, diseñaron una política interna para no procesar la totalidad de la facturación presentada por las IPS con las que la entidad tenía contratos.

La Fiscalía sostiene que la estrategia consistía en utilizar un documento denominado CXP, mediante el cual se establecía un monto límite de cuentas médicas que podían ser tramitadas. El resto de las facturas quedaban sin ser procesadas, a pesar de haber sido radicadas oficialmente en la entidad.

El señalamiento indica que esta práctica se realizaba en el área de Cuentas Médicas, bajo la dirección de Fabián Alberto Peralta Núñez, y era conocida por las demás dependencias de la alta dirección, incluidas la presidencia, vicepresidencia, contabilidad y gerencias administrativas.

Según el expediente, “la política consistía en proyectar a través de un documento denominado CXP lo que podía procesar técnicamente la EPS en el área de cuentas médicas”, lo que derivó en que gran parte de los servicios prestados por clínicas y hospitales quedara sin reconocimiento económico oportuno.

La Fiscalía calificó esta conducta como una política fraudulenta diseñada y ejecutada por los acusados, que afectó el flujo de recursos hacia las IPS y habría generado un retraso sistemático en el pago de las deudas.

El ente acusador argumenta que el ocultamiento de facturas no solo impactó financieramente a las instituciones prestadoras, sino que también tuvo repercusiones en la atención a los usuarios del sistema de salud, dado que las IPS no recibían el pago por los servicios prestados.

Con estas pruebas, la Fiscalía decidió llevar a juicio a los exdirectivos, quienes enfrentarán cargos por su presunta responsabilidad en un esquema que habría comprometido el manejo de los recursos de la salud y desviado más de 70.000 millones de pesos.