El Gobierno nacional formalizó la eliminación de la prima especial de servicios para los congresistas mediante un decreto que entrará en vigor a partir del 20 de julio de 2026, fecha en la que se posesionará el próximo periodo legislativo.
La medida reduce en $16,9 millones el ingreso mensual de quienes resulten electos en marzo de ese año, sin modificar las condiciones salariales de los actuales integrantes del Congreso.
Con la supresión de este componente, creado en 2013, el salario bruto mensual de los nuevos congresistas quedará en $34,6 millones. Esa suma estará conformada por un sueldo básico de $12,5 millones y $22,1 millones correspondientes a gastos de representación.
Hasta ahora, la remuneración total ascendía a cerca de $51,5 millones mensuales, una cifra sostenida durante más de una década bajo un esquema que el propio Gobierno calificó como desproporcionado frente al ingreso promedio de la población.
El decreto, divulgado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, justifica la decisión en criterios de sostenibilidad fiscal y equidad. En el texto oficial se sostiene que el régimen remuneratorio del Legislativo se había mantenido al margen de los ajustes aplicados al resto del sector público, ampliando una brecha que el Ejecutivo considera incompatible con la realidad económica del país.
Sin embargo, el alcance temporal de la medida limita su efecto inmediato. La norma solo aplica para quienes se posesionen en julio de 2026, dejando intactos los ingresos de los actuales congresistas. El propio Gobierno reconoció que la postergación obedece a consideraciones jurídicas relacionadas con la protección de derechos adquiridos, con el fin de evitar demandas contra el Estado.
El Decreto 003 de 2026 deroga expresamente el Decreto 2170 de 2013, expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que había instaurado la prima especial como sustituto de otros beneficios asociados a vivienda, localización y salud. Según el Ejecutivo, ese diseño ya no se ajusta al marco fiscal ni a los principios constitucionales de racionalidad del gasto público.
La decisión reactivó un debate recurrente sobre los salarios del Congreso, especialmente por el contraste entre el discurso de austeridad y la magnitud del ingreso neto que, incluso tras el recorte, recibirán los nuevos legisladores. Actualmente, descontadas las obligaciones legales por salud, pensión y retención en la fuente, un congresista percibe en promedio $32 millones mensuales.
Desde sectores oficialistas, la eliminación de la prima fue presentada como un ajuste mínimo tras años de intentos fallidos en el propio Congreso. La senadora Angélica Lozano recordó que múltiples proyectos de ley y la Consulta Anticorrupción de 2018 plantearon sin éxito una reducción salarial, lo que convierte el decreto en una decisión tomada por fuera del Legislativo.
En contraste, desde la oposición se cuestionó el momento y el enfoque de la medida. El senador Antonio Luis Zabaraín sostuvo que el recorte responde más a un cálculo político que a una revisión integral de las remuneraciones del alto Estado, al señalar que otros cargos directivos mantienen ingresos similares o superiores sin estar en el centro del debate público.
El decreto también ajustará de manera proporcional los descuentos y aportes asociados al salario, y deja abierta la aplicación de los incrementos anuales conforme al promedio de aumento de los servidores públicos.
Aunque el Gobierno lo presenta como un giro hacia la equidad, la decisión mantiene intacta la estructura salarial durante el actual periodo legislativo y traslada el impacto real a un Congreso aún no elegido.
