Cruce de acusaciones entre Carrillo y Benedetti profundiza tensiones por el manejo del Fondo de Adaptación

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, involucró al ministro del Interior, Armando Benedetti, en nuevos señalamientos sobre presuntas irregularidades en el Fondo de Adaptación.

La controversia surgió tras los cuestionamientos de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, sobre la administración de la entidad durante su gestión.

Rodríguez afirmó que el Fondo tuvo una baja ejecución de proyectos y un incremento en el número de contratistas en los últimos años. Según sus declaraciones, la relación entre mayor personal y menor avance en las iniciativas representaba un comportamiento atípico frente a periodos anteriores. Carrillo respondió que su informe de gestión fue entregado sin observaciones y que las críticas no tuvieron en cuenta los documentos oficiales sobre el cierre de su administración.

El director de la UNGRD afirmó que los señalamientos provenían de personas vinculadas políticamente, mencionando a Katherin Rojas, quien ocupó la gerencia del Fondo durante un mes y a quien denunció por gestiones de carácter político. Sostuvo que Rojas había sido respaldada por Benedetti y aseguró que volvió a relacionar a la entidad con sectores que, según él, buscaban influir en su operación.

Posteriormente, en una rueda de prensa, Carrillo se refirió al contrato de la Ruta del Arroz y afirmó que recibió una denuncia que indicaría que el proyecto beneficiaría a grupos políticos conocidos como “Ñoñomanía”, los cuales, según él, tendrían nexos históricos con Benedetti. Señaló que no había confrontado antes al ministro por considerar que tiene influencia dentro del Gobierno, pero que respondería a lo que calificó como ataques en su contra.

Benedetti reaccionó a través de un mensaje público en el que rechazó los señalamientos y negó cualquier participación en decisiones del Fondo de Adaptación. Afirmó que las acusaciones carecían de fundamento y desestimó los vínculos que Carrillo intentó relacionar con su nombre. También defendió a Rodríguez, a quien describió como una funcionaria competente, y sostuvo que sus observaciones sobre la disminución en la ejecución de proyectos eran resultado de una revisión institucional.

La controversia escaló a partir de estas posiciones. Carrillo insistió en que el Fondo había sido objeto de intereses políticos internos y sostuvo que la situación afectaba el funcionamiento de la entidad. Indicó que las discusiones habían generado desgaste y desviaban la atención de las tareas que, según él, requerían prioridad.

El intercambio público entre ambos funcionarios mantiene abierta la discusión sobre la administración del Fondo de Adaptación, mientras las observaciones de la directora del DAPRE y las respuestas de Carrillo siguen siendo parte del debate institucional en torno a la gestión del organismo y sus procesos internos.