El Congreso de la República fue el escenario en el que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, defendieron enérgicamente el controvertido proyecto de reforma a la justicia.
Esta iniciativa, que busca enfrentar con mayor rigor los delitos cometidos contra menores de edad, fue presentada ante los senadores, destacando el doloroso y alarmante incremento de casos que involucran a niños y adolescentes como víctimas.
En su intervención, el magistrado Chaverra no dejó lugar a dudas sobre la urgencia de aprobar esta reforma.
«El 70% de los casos que revisamos en la Sala de Casación Penal están relacionados con delitos contra menores», afirmó Chaverra, visiblemente afectado por la gravedad de la situación.
Y es que el país ha sido testigo de un preocupante aumento de abusos contra menores, donde el sistema judicial ha sido puesto a prueba constantemente. El caso de Sofía Delgado, cuya brutalidad conmovió a la nación, fue mencionado como un símbolo de la ineficacia y lentitud del sistema judicial para responder ante este tipo de crímenes.
El magistrado no se limitó a denunciar el dolor que generan estos casos en las familias colombianas, sino que también criticó las barreras legales que permiten que los delincuentes escapen de la justicia.
“Lo que ocurrió el viernes nos llena de profunda tristeza, porque somos administradores de justicia, pero también padres de familia”, expresó, señalando la impotencia que muchos sienten al ver cómo, debido a la prescripción de los delitos o a la falta de pruebas consistentes, los agresores logran evitar su castigo.
Chaverra denunció que los procesos judiciales, que pueden tardar hasta siete años en llegar a juicio, son una de las principales causas de esta impunidad. Durante ese tiempo, muchas víctimas menores de edad desaparecen, se retractan o simplemente no recuerdan los hechos debido a su corta edad al momento del abuso.
«Esas demoras solo favorecen a los victimarios», sentenció, haciendo un llamado al Congreso para que se eliminen estas trabas y se avance hacia una justicia más expedita y eficaz.
Fiscal justifica colapso del sistema
Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, subrayó el colapso del sistema judicial ante la avalancha de casos. Reveló que apenas el 5% de los delitos llegan a la etapa de juicio, pero que incluso ese reducido porcentaje ha saturado a los jueces del país.
En sus palabras, la necesidad de repensar el sistema de justicia es inminente: «La pena es retribución, pero también es resocialización», aseguró, dejando claro que las condenas no solo deben castigar, sino también reconstruir el tejido social roto por estos crímenes.
No obstante, Camargo también advirtió que imponer penas más altas no necesariamente disuade a los delincuentes. Esta afirmación fue respaldada por Chaverra, quien explicó que, en muchos casos, los procesados no ven incentivos para admitir su responsabilidad, lo que prolonga aún más los procesos judiciales.
A medida que el debate sobre la reforma a la justicia avanza en el Congreso, queda claro que tanto la Corte Suprema como la Fiscalía buscan generar un cambio profundo en el tratamiento de los delitos contra menores de edad.
Sin embargo, los obstáculos estructurales y procedimentales que han facilitado la impunidad seguirán siendo un reto difícil de superar.
