La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, así como su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La decisión generó amplias reacciones en el país.
La expresidenta, que también fue vicepresidenta y es presidenta del Partido Justicialista, fue hallada culpable de haber direccionado contratos de obras públicas a favor de la empresa Austral Construcciones, ligada al empresario Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz, durante sus dos mandatos entre 2007 y 2015.
De acuerdo con la Fiscalía, la maniobra favoreció a Báez con el 79% de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz, muchas de las cuales no fueron concluidas o se entregaron con sobrecostos. La justicia estima que el perjuicio para el Estado supera los $1.000 millones de dólares.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N. 2, que impuso la condena inicial, ya dio aviso a Kirchner y a los demás condenados para que se presenten ante la Corte y sean notificados formalmente de la ejecución de la sentencia. A sus 72 años, la exmandataria podrá solicitar el beneficio de prisión domiciliaria.
El fallo también la inhabilita de forma permanente para aspirar a cargos públicos, por lo que no podrá presentarse como candidata legislativa en la provincia de Buenos Aires, tal como había anunciado recientemente. Las candidaturas se formalizarán el próximo 19 de julio.
El Partido Justicialista denunció que se trata de una proscripción y cuestionó el momento del fallo, que se conoció pocos días después del anuncio de la exmandataria sobre su intención de competir en las elecciones legislativas. En paralelo, sectores afines al kirchnerismo, como la Confederación General del Trabajo, CGT, emitieron comunicados advirtiendo sobre riesgos para la democracia. La CGT, sin embargo, no convocó a acciones concretas.
Algunos sindicatos cercanos al kirchnerismo han dejado abierta la posibilidad de convocar a un paro general en caso de que Kirchner sea detenida. En tanto, el peronismo se declaró en “estado de alerta y movilización”.
Analistas locales señalan que la decisión podría reconfigurar el panorama electoral de cara a los comicios de medio término, previstos para septiembre y octubre, en especial en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Fernández de Kirchner tenía previsto competir.
La defensa de la exmandataria sostiene que se trata de una persecución política, mediática y judicial, una tesis que Kirchner ha reiterado en varias oportunidades y que ha sido respaldada por líderes de la región en el pasado.
Mientras tanto, la atención en Argentina se centra en la respuesta política y social a esta decisión histórica, que marca un nuevo capítulo en la vida pública de quien fue durante años una de las figuras más influyentes del país. Gremios, asociaciones políticas y sindicatos afines a la exmandataria se movilizaron y bloquearon puntos estratégicos de la ciudad.
El primer bloqueo se presentó en la autopista Panamericana, a la altura de la estación YPF en Pacheco, específicamente en el cruce con el puente Henry Ford. Esa zona fue posteriormente despejada por las autoridades. Otro punto crítico fue el cruce entre el Camino del Buen Ayre y el Acceso Oeste, donde sindicatos vinculados a la CGT y agrupaciones kirchneristas detuvieron por completo la circulación. En la autopista Buenos Aires – La Plata, se reportó un bloqueo total a la altura del kilómetro 15, en ambos sentidos. También fue bloqueada la autopista Riccheri, en el tramo que atraviesa el predio de Ezeiza de la AFA, Asociación del Fútbol Argentino, donde se encontraba concentrada la selección dirigida por Lionel Scaloni.
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