La Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó suspender provisionalmente la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades relacionadas con los topes de financiación. La medida se tomó con una votación dividida de cinco votos a favor y cuatro en contra, en respuesta a una acción de tutela presentada por el propio jefe de Estado.
El recurso interpuesto por Petro argumenta que el órgano competente para investigar una campaña presidencial en ejercicio no es el CNE, sino la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en virtud de la especialidad constitucional del fuero presidencial. En ese sentido, la tutela busca dejar sin efecto un fallo previo del Consejo de Estado, que había conferido al CNE la facultad de investigar posibles violaciones en la financiación de la campaña electoral que llevó a Petro al poder.
La decisión adoptada por la Corte Constitucional no resuelve el fondo del litigio, sino que establece una medida cautelar que congela el proceso mientras se estudia el contenido de la tutela. El magistrado Vladimir Fernández es el ponente del caso y será quien formule la propuesta definitiva que deberá deliberar y decidir la Sala Plena.
Suspensión de términos de prescripción
En paralelo con la suspensión de la investigación, la Corte ordenó también la interrupción de los términos de prescripción relacionados con el proceso. Esta medida tiene como finalidad evitar que la paralización temporal afecte la posibilidad de que se continúe con la investigación, en caso de que la Corte, al resolver la tutela, determine que el proceso debe proseguir en manos del CNE o de otro órgano competente.
La Corte precisó que estas decisiones se mantendrán vigentes hasta que exista una resolución definitiva sobre la tutela interpuesta por el presidente de la República.
Votación dividida y disensos al interior del tribunal
La decisión del alto tribunal no fue unánime. Cuatro magistrados salvaron su voto y se manifestaron en contra de la suspensión del proceso. Se trata de Jorge Enrique Ibáñez, Paola Andrea Meneses, José Fernando Reyes Cuartas y Natalia Ángel Cabo. Estos magistrados, aunque no se han hecho públicos los textos de sus votos disidentes, representan una postura que respalda la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar hechos relacionados con el financiamiento de campañas, incluso en casos donde esté involucrado el presidente en ejercicio.
El caso continuará bajo el escrutinio de la opinión pública, mientras se espera que la Corte Constitucional defina de manera definitiva si corresponde al CNE o a la Comisión de Acusaciones adelantar investigaciones en contextos de supuesta vulneración de normas electorales por parte del presidente.
