Según informes recientes, como resultado del traslado para efectuar la transición contemplada en la reforma pensional del Gobierno Petro, más de 40 mil personas han trasladado sus ahorros desde fondos privados hacia Colpensiones.
Si bien la entrada en vigor de esta ley está prevista para el 1 de julio de 2025, ya ha generado efectos significativos en el sistema de pensiones del país.
A raíz de esta situación, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la reforma, argumentando que no se presentaron irregularidades en su trámite legislativo.
De acuerdo con un concepto emitido este martes 22 de abril por el procurador Gregorio Eljach, el Ministerio Público considera que la ley 2381 de 2024, conocida como reforma pensional, fue aprobada sin vicios de procedimiento en el Congreso.
Eljach expresó que “en su itinerario legislativo no se presentaron irregularidades de trámite con entidad de vicios de constitucionalidad”. Esta solicitud busca garantizar la legalidad de la reforma y evitar interpretaciones que puedan afectar su implementación.
El concepto remitido por la Procuraduría no sólo solicita la declaración de exequibilidad de la reforma, sino que hace énfasis en el artículo 84.5 de la norma.
Para el Ministerio Público, este articulado quedará blindado contra cualquier interpretación regresiva que pueda afectar los derechos adquiridos por los ciudadanos.
Además, el documento advierte que, aunque la reforma aún no ha entrado en vigor, ya ha comenzado a generar efectos prácticos en el sistema de pensiones.
Eljach señaló que los movimientos financieros hacia Colpensiones y el fondo de estabilización del Banco de la República son prueba de que la reforma está teniendo un impacto anticipado. Asimismo, destacó que los fondos privados se están preparando para recibir a millones de nuevos afiliados, lo que subraya la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima en el sistema.
Esta nueva posición que adopta la Procuraduría contrasta con la postura de la exprocuradora Margarita Cabello Blanco, quien había señalado que durante la discusión del proyecto en la plenaria de la Cámara de Representantes se presentaron vicios constitucionales.
Cabello afirmó en su momento que “no existieron las condiciones mínimas para adelantar una discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa”. Sin embargo, el concepto presentado por Eljach descarta estas irregularidades y respalda la legalidad del trámite legislativo.
Según los informes de Colpensiones citados por la Procuraduría, más de 40.000 personas aprovecharon la “ventana de traslado” para mover sus ahorros desde fondos privados hacia esta entidad pública. Este fenómeno generó derechos adquiridos para estos ciudadanos, lo que, según el Ministerio Público, podría derivar en complejidades jurídicas y un aumento en la litigiosidad si la reforma no es avalada por la Corte Constitucional.
Según la Procuraduría, la reforma representa una oportunidad para millones de trabajadores informales o en condiciones laborales precarias, que podrían acceder por primera vez a un auxilio económico en su vejez.
En este sentido, el concepto resalta que la reforma es una respuesta necesaria a la insostenibilidad financiera del régimen actual, un problema reconocido por expertos de diversas corrientes ideológicas y políticas.
