La Corte Constitucional emitió nuevas órdenes para asegurar el cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008, que amparó el derecho fundamental a la salud, y abrió un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud y Protección Social por el presunto incumplimiento de las órdenes estructurales 21 y 22, relacionadas con la suficiencia de la financiación del sistema.
La decisión quedó consignada en el Auto 2049 de 2025, proferido el 12 de diciembre en Bogotá por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y Carlos Camargo Assis, quien la preside y fue el magistrado ponente.
Tras una evaluación integral, la Sala concluyó que, pese a los años transcurridos y a los múltiples requerimientos realizados, la mayoría de las órdenes estructurales del fallo siguen sin cumplirse. En concreto, persisten incumplimientos en las órdenes 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 y 32.
El tribunal advirtió que las políticas públicas del Gobierno Nacional no han respondido de manera adecuada a los problemas estructurales del sistema de salud, evidenciándose fallas graves en la suficiencia financiera, la entrega oportuna de medicamentos, la oportunidad en la atención, la articulación institucional, la calidad de la información y los mecanismos de participación y vigilancia.
Entre los indicadores analizados, la Corte resaltó el incremento sostenido de acciones de tutela en salud, ya que en 2023 se presentaron 197.737, en 2024, fueron 265.173 y con corte al 14 de noviembre de 2025, ya se habían radicado 270.661, superando ampliamente los registros de años anteriores.
En este sentido, también se destacó que, en los últimos dos años, 18 EPS acumularon 622.666 quejas por medicamentos no entregados, incompletos o fuera de los tiempos establecidos.
En materia financiera, la Sala alertó sobre el desfinanciamiento del sistema, señalando que el aumento nominal de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no demuestra su suficiencia para garantizar la sostenibilidad del sistema, especialmente porque el cálculo para 2025 se basó en la inflación causada y no en los costos reales del Plan de Beneficios en Salud.
Ante este panorama, la Corte calificó como preocupante que más del 80 % de las órdenes estructurales permanezcan incumplidas, lo que ha generado un deterioro progresivo del sistema de salud y justificó la adopción de medidas coercitivas.
Además del incidente de desacato, la Corte ordenó al Ministerio de Salud presentar un plan integral de acción (PIAS) para mitigar la crisis del sistema. Igualmente, dispuso que la Superintendencia Nacional de Salud asuma un rol activo y verificable en el control del uso de los recursos por parte de las EPS.
Finalmente, el alto tribunal ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar, así como a la Contraloría General de la Nación para la protección de los recursos públicos.
