Contraloría alertó sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas del país

La Contraloría General de la República advirtió que solo una de las 34 universidades públicas del país es financieramente autosostenible, de acuerdo con los resultados del estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, presentado este 26 de enero de 2026 en Bogotá.

Según el órgano de control, el sistema universitario público enfrenta una situación estructural que compromete su estabilidad financiera. El informe señala que “el 97% de las instituciones analizadas no logran sostener su operación con recursos autogenerados”, mientras que el 50,1% de los ingresos que reciben las universidades públicas provienen de aportes nacionales, una dependencia que, según el estudio, restringe la planificación de largo plazo y profundiza las brechas regionales.

El análisis técnico, elaborado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, examina la situación presupuestal, operativa y financiera de las universidades públicas del país, incorporando por primera vez cifras de contexto histórico que permiten una evaluación integral de la sostenibilidad financiera del sistema universitario estatal y de la educación superior pública.

Uno de los factores que más presión ejerce sobre las finanzas universitarias es el pasivo pensional, que, de acuerdo con el informe, asciende a 10,3 billones de pesos en 2024. La Contraloría advierte que esta carga estructural desvía recursos que podrían destinarse a docencia e infraestructura, limita el crecimiento institucional y reduce la capacidad de expansión de las universidades públicas.

El estudio evalúa la sostenibilidad financiera del Sistema Universitario Estatal a partir de criterios como eficiencia, equidad, autonomía financiera y sostenibilidad fiscal. Para ello, se analizaron los ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento de las instituciones, con el propósito de identificar riesgos financieros y brechas estructurales que afectan al sistema.

De manera complementaria, una consulta atendida por 31 universidades públicas ratificó los hallazgos del análisis cuantitativo. En ella, las instituciones señalaron problemas recurrentes relacionados con la insuficiencia de los aportes estatales, el aumento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las limitaciones para incrementar los ingresos propios. En este contexto, las universidades coincidieron en la necesidad de actualizar la Ley 30 de 1992, diversificar las fuentes de financiación y fortalecer las alianzas y la cooperación interinstitucional.

El informe también aborda el impacto fiscal del Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 de 1992 y que se encuentra aprobado en cuarto debate, pendiente de sanción presidencial. La Contraloría evidenció diferencias en las estimaciones de costo frente a las proyecciones del Ministerio de Educación. Mientras el Ministerio calcula un costo de 22,1 billones de pesos para el periodo 2027-2040, la Contraloría estima un impacto de 27,8 billones de pesos para el periodo 2027-2036, al incluir el costo total de mantener la base de recursos destinada a las instituciones técnicas.

Aunque el organismo de control reconoce que el proyecto “avanza en la dirección correcta hacia la gratuidad y hacia niveles de financiación como proporción del PIB comparables con los países de la OCDE”, advierte que cualquier incremento en los recursos debe estar respaldado por fuentes de financiación claras, suficientes, verificables y sostenibles en el largo plazo.

En sus conclusiones, la Contraloría señala que, pese a algunos avances en inversión, gestión presupuestal y diversificación de ingresos, persisten desigualdades en la asignación de recursos, desbalances en la capacidad de generación de ingresos propios y niveles críticos de endeudamiento en un grupo significativo de universidades. El informe confirma que el pasivo pensional sigue siendo uno de los factores de mayor presión para la sostenibilidad financiera del sistema.

Finalmente, el órgano de control concluye que la educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural que compromete la sostenibilidad financiera de la mayoría de las universidades del país y plantea la necesidad de una reflexión de política pública orientada a revisar el modelo de financiación vigente y definir la ruta que debe asumir el Estado colombiano para garantizar la estabilidad del sistema universitario público.