Contraloría advirtió incumplimientos al Acuerdo de Paz y falta de entrega de bienes para reparación de víctimas, diez años después de su firma

La Contraloría General de la República presentó los resultados de un informe de auditoría de cumplimiento sobre la implementación de las recomendaciones del Acuerdo Final de Paz, en el que se advierten incumplimientos y falencias institucionales a una década de la firma del acuerdo. El pronunciamiento fue dado a conocer por la contralora delegada para el sector Justicia, Jenny Lindo, quien señaló que persisten compromisos sin ejecutar, entre ellos los relacionados con la reparación de las víctimas.

De acuerdo con el informe, correspondiente al periodo auditado 2023–2025, primer semestre, la Contraloría realizó seguimiento a lo implementado de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz a partir de las recomendaciones dejadas por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). La auditoría incluyó la revisión de entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Según lo expuesto por la contralora Jenny Lindo, el informe evidencia que, tras diez años de la firma del Acuerdo de Paz, las extintas Farc no han cumplido con la entrega de los bienes a los que se comprometieron para la reparación de las víctimas, un punto central dentro de los compromisos adquiridos en el proceso de dejación de armas y reincorporación.

El documento de la Contraloría identifica el Hallazgo 18, relacionado con la Recomendación 9, acción 8, de corto plazo, del Tomo 2 del Informe Final de la CEV, dirigida a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. En este apartado se señala que la recomendación apunta a “reconocer como víctimas a los excombatientes de grupos armados ilegales que hayan sufrido graves violaciones de los derechos humanos o infracciones al DIH, incluyendo a las víctimas de violencias sexuales y reproductivas, y acordar las medidas para su reparación con enfoque diferencial en el marco del proceso de reincorporación o reintegración”.

Sin embargo, la auditoría concluye que la ARN no ha implementado la acción correspondiente de corto plazo. “En la información aportada por la ARN y el CSM, se observó que la ARN no ha implementado la acción 8 de corto plazo, con el fin de coadyuvar el cumplimiento de la recomendación 9 de mediano plazo; acción que a la fecha debería estar cumplida”, señala el informe.

La Contraloría también indicó que, tras solicitar información a la ARN y al Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) sobre la implementación de las recomendaciones de la CEV, la entidad informó no haberlas ejecutado. Mediante un oficio del 20 de agosto de 2025, el CSM reportó que dicha recomendación es responsabilidad de la ARN para su implementación.

Como causa de esta situación, el informe advierte una “falta de coordinación y debilidades en la colaboración armónica que debe existir entre la ARN y el CSM para la consecución de los fines esenciales del Estado”.

Para la Contraloría de Justicia, estos hallazgos reflejan retrasos estructurales en el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, incluidos los compromisos relacionados con la reparación de las víctimas, en un contexto en el que, según lo señalado por la contralora Jenny Lindo, aún no se materializa la entrega de bienes comprometidos por las extintas Farc como parte de ese proceso.