Consejo de Estado ratificó el hundimiento de la consulta popular impulsada por Gobierno Petro

El Consejo de Estado dejó en firme la decisión del Senado de la República que hundió la consulta popular promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro el año pasado, al rechazar las demandas que buscaban anular la votación en la que se negó su convocatoria.

Tras varios meses de análisis, el alto tribunal concluyó que no existían irregularidades en la sesión plenaria del 14 de mayo de 2025, en la que la iniciativa no logró el respaldo necesario. Cabe mencionar que en esa jornada, el Senado emitió un concepto desfavorable con 49 votos en contra y 47 a favor, lo que impidió que la propuesta avanzara hacia las urnas.

Las acciones judiciales pretendían repetir la votación y cuestionaban aspectos como el conteo de votos, el quórum y el desarrollo del procedimiento, pero la Corporación determinó que el proceso se ajustó a la Constitución y a la ley, acogiendo los argumentos presentados por la Secretaría del Senado.

En su revisión, el Consejo de Estado descartó que se hubieran presentado alteraciones en la votación, incluyendo señalamientos sobre un supuesto cambio en el voto del senador Edgar Díaz.

Asimismo, estableció que la solicitud de concepto previo sobre la consulta no constituía una proposición formal, por lo que su trámite no vulneró las reglas del Congreso, y concluyó que el tiempo de votación y el quórum registrado cumplieron con lo establecido en el reglamento legislativo.

Con base en estas consideraciones, el tribunal negó todas las pretensiones de las demandas y mantuvo la validez del acto mediante el cual el Senado rechazó la consulta popular de carácter nacional.

La iniciativa en cuestión, impulsada por el Gobierno, buscaba que los ciudadanos se pronunciaran sobre aspectos clave de las reformas laboral y de salud, y su hundimiento en el Congreso generó un amplio debate político y jurídico, que derivó en múltiples acciones judiciales para intentar revertir la decisión.

El fallo también descartó la tesis planteada desde el Ejecutivo sobre presuntas irregularidades en la votación legislativa, al concluir que la diferencia entre senadores presentes y votos emitidos se explicó por el retiro voluntario de uno de los congresistas durante la sesión.

En el pasado, la Corte Constitucional ya se había referido al tema al declarar que se inhibía de emitir un fallo de fondo sobre el decreto con el que el Gobierno buscó convocar la consulta, al considerar que este había perdido vigencia tras ser derogado en 2025.