El Consejo de Estado de Colombia ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse y presentar excusas públicas a la familia de Gloria Lara, tras haber hecho una grave afirmación durante un evento público en Suecia. El alto tribunal concluyó que el mandatario vulneró derechos fundamentales al declarar que a Gloria Lara “la mató y la secuestró un familiar”.
La sentencia, proferida el 18 de junio de 2025 dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-05641-01, ordena al presidente de la República que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación, “se retracte y presente excusas públicas” a los accionantes por sus declaraciones dadas el 14 de junio durante el evento internacional «Transformando vidas – Seguridad Humana y Paz Total en Colombia», realizado en la Universidad Sueca de Defensa en Estocolmo.
La decisión también establece que la retractación deberá publicarse y mantenerse durante tres meses en la página web oficial de la Presidencia de la República, el sitio del Departamento Administrativo de la Presidencia, el portal del Consulado de Colombia en Estocolmo, las redes sociales oficiales del presidente y la cuenta personal de X.com del mandatario: @petrogustavo. Todo esto, con el fin de garantizar la publicidad y difusión de las disculpas.
Adicionalmente, el Consejo de Estado declaró “de oficio la falta de legitimación en la causa de las accionantes para impetrar pretensiones de amparo respecto de los demás miembros de su familia”, limitando así el alcance de la acción de tutela únicamente a las personas directamente afectadas por la afirmación presidencial.
El fallo también confirma lo dispuesto previamente por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de febrero de 2025. Finalmente, ordena notificar a las partes y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La decisión fue firmada por la presidenta Gloria María Gómez Montoya y el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, quienes reiteraron la obligación del Estado de proteger el buen nombre y la honra de los ciudadanos, en especial cuando las afirmaciones provienen del más alto nivel del poder ejecutivo.
