Un nuevo episodio tensa las relaciones entre Perú y Colombia. La congresista Patricia Juárez Gallegos, integrante del partido Fuerza Popular, presentó una moción para que el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle, sea declarado persona no grata y se le prohíba el ingreso al territorio peruano. El motivo: haber izado la bandera colombiana en la isla Chinería, ubicada en el departamento de Loreto, zona que Perú considera de su plena jurisdicción.
La propuesta parlamentaria califica el acto como “una afrenta directa a la soberanía nacional” y lo enmarca en un contexto de creciente fricción diplomática. En el documento, Juárez argumenta que izar un pabellón extranjero en suelo peruano, sin autorización oficial, vulnera el derecho internacional y constituye una provocación política. La legisladora relaciona este hecho con declaraciones previas del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha cuestionado la soberanía peruana sobre la isla y la reciente creación del distrito de Santa Rosa.
La moción no se limita a expresar rechazo. En sus puntos resolutivos, plantea cuatro medidas: condenar públicamente la acción de Quintero, declararlo persona no grata, exhortar al Ejecutivo a impedir su ingreso al país y respaldar las acciones diplomáticas que desarrolla la Cancillería peruana en defensa del territorio.
El caso ha despertado diversas reacciones. Para algunos analistas, la acción de Quintero podría interpretarse como un gesto político calculado para posicionarse en su campaña presidencial en Colombia, apelando a un discurso nacionalista. Sin embargo, en el escenario peruano, el acto se percibe como una injerencia inaceptable en asuntos internos y una señal de irrespeto hacia las autoridades nacionales.
La isla Chinería, jurisdicción de Santa Rosa, aunque poco conocida por la opinión pública internacional, se ha convertido en un símbolo de las diferencias fronterizas y de la susceptibilidad que generan en ambos países los temas territoriales. Este incidente, sumado a las tensiones ya existentes, plantea interrogantes sobre el manejo diplomático que adoptarán los gobiernos de Lima y Bogotá.
En un momento en que la región requiere cooperación para enfrentar desafíos comunes como el narcotráfico y el comercio ilegal, el gesto de Quintero y la respuesta del Congreso peruano podrían añadir un nuevo obstáculo a las relaciones bilaterales. El desenlace dependerá de si la moción logra el respaldo necesario en el Legislativo y de la postura que asuma el Ejecutivo peruano en las próximas semanas.
