(OPINIÓN) El que miente, roba: y Jorge Carrillo mintió para ser gerente de EPM y ahora para ser presidente de ISA. Por: Alejandro de Bedout

El nombramiento de Carrillo como Presidente de ISA sigue generando controversia, revelando posibles negligencias y complicidades al más alto nivel político. Las recientes revelaciones presentadas por el abogado Julio César Yepes en la corrección a la demanda, señalan irregularidades graves en el historial profesional de Carrillo y en los procesos que lo llevaron a ocupar puestos estratégicos en empresas clave del país, como EPM e ISA.

La trayectoria de Carrillo parece construida sobre inconsistencias y mentiras. En su hoja de vida, declaró haber trabajado en Profinvest S.A. desde enero de 2009, a pesar de que la empresa fue constituida en agosto de ese mismo año. Este aparente error se suma a certificaciones que solo respaldan actividades realizadas en 2010 y 2011, dejando en entredicho la experiencia que aseguró tener para ocupar altos cargos.

Estos datos, que pudieron ser fácilmente verificados, no lo fueron. Más preocupante aún, la misma hoja de vida inflada fue utilizada en 2021 para su designación como gerente general de EPM, aprobada mediante el Decreto 0281 del 13 de abril de 2021, firmado por el entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, y su secretaria privada, María Camila Villamizar. Ahora, su ascenso a la Presidencia de ISA repite el patrón de falta de rigor y mentira, ignorando incluso las recomendaciones de firmas internacionales como Korn Ferry.

Su nombramiento en ISA ocurrió bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien posiblemente tuvo la última palabra en su designación. Petro, junto con Ricardo Roa, hombre de confianza y actual Presidente de Ecopetrol, también ignoraron las señales de alerta. Roa, facilitó su llegada a ISA pese a las advertencias sobre su falta de idoneidad y los posibles cuestionamientos éticos.

Si las irregularidades denunciadas y reveladas en el proceso y en la corrección a la demanda se comprueban, las consecuencias podrían ir más allá del ámbito administrativo. Estas acciones podrían enmarcarse en presuntos delitos como falsedad en documento, si se comprueba que Carrillo presentó información falsa para obtener sus cargos; fraude procesal, por posiblemente inducir a error a las autoridades mediante documentos inexactos; prevaricato, por parte de los funcionarios que al parecer avalaron su nombramiento sin verificar los requisitos; o incluso cohecho o tráfico de influencias, si se llega a comprobar que hubo presiones indebidas para garantizar su designacion.

La permanencia de Carrillo al frente de ISA no solo parece que daña la reputación de la empresa, sino que ha impactado directamente la confianza del mercado. Desde su nombramiento, la acción de ISA mostró un desempeño negativo en la bolsa, reflejando la incertidumbre y desconfianza de los accionistas, incluidos los Fondos de Pensiones y Ecopetrol, en la gestión de quien actualmente lidera (en el papel) una de las empresas más estratégicas del país.

La falta de rigor en los procesos de selección de altos funcionarios no es casualidad. Es un patrón que evidencia cómo las influencias políticas han permeado las instituciones clave del país. En este caso, Gustavo Petro, Ricardo Roa, Daniel Quintero y María Camila Villamizar tienen mucho que explicar. ¿Por qué no se verificaron los antecedentes de Carrillo antes de sus nombramientos? ¿Por qué, a pesar de las señales de alerta, fue promovido a puestos que manejan recursos estratégicos para todos los colombianos?

Quizás por eso han evitado a toda costa mostrar las actas de la junta directiva y han negado el acceso a múltiples documentos bajo el argumento de que son “reservados”. Esa insistencia en mantener el expediente bajo reserva en el Consejo de Estado no parece casual. ¿Qué es lo que tanto temen que salga a la luz? Todo indica que hay algo que buscan ocultar: la mentira y engaño de Carrillo en su hoja de vida.