Impera en Colombia en muchas discusiones, incluida la del salario mínimo, la idea de que lo que ganan unos lo pierden otros. Mientras los empresarios no dejen de pensar así, tal vez los trabajadores no dejen de hacerlo. Es una disposición mental que hace daño a ambos lados y al bienestar de todos.

¿Cuál es la única forma en la que eso no sea cierto? Que haya más volumen de negocios. Eso no equivale a que los negocios actuales crezcan. Sino a atraer a Colombia a todo aquel que quiera ofrecer productos a Sur, Centro y Norteamérica, así como a otras partes del mundo. Es decir, añadir muchos nuevos negocios a los actuales del país.

Lamentablemente, algunos empresarios y políticos se oponen a aceptar lo que implica que lleguen más y más empresas a hacer cosas que hoy no se producen en Colombia. Hay gente interesada en el statu quo, así le cueste al país tener a 10 millones de subempleados.

Es curioso que le echen la culpa de esa cifra astronómica de informalidad a los aumentos del salario mínimo y a que esté muy cercano al salario medio. Para ese enfoque, el problema laboral radica en que lo que gana el trabajador lo pierde el empresario. Si los salarios suben más que la inflación y un uno por ciento, los empresarios pierden y baja el empleo.

Con aumentos del salario mínimo de todo tipo, la informalidad no se ha revertido. En el gobierno de Uribe I y II, el salario mínimo aumentó en 5 % y 4,2 %, respectivamente, en términos reales (por encima de la inflación); el de Santos I y II, en 7,2 % y 4,3 %; el de Duque, en 11,8 %; y bajo Petro, en tres años, ha aumentado en 10,3 %. Pero la informalidad sigue igual. Por eso, no me persuade el enfoque. Mientras los empresarios que piensan así sigan dominando la escena económica, seguiremos en el mundo de la suma cero.

El enfoque anti-aumento de salarios parte de que la capacidad real de la economía realmente no se mueve; cuando la verdadera meta es moverla permanentemente y dar cabida a aumentos salariales. El crecimiento no es una meta per se, sino un medio para que la gente viva mejor.

Creo que el dilema de no subir los salarios, porque generan informalidad, es parte del pequeñismo al que se condena la economía. Otras de falacias que mantienen pequeña a la economía son: 1) la minería acaba con la agricultura y con el agua; 2) cualquier persona puede detener a una obra de infraestructura o de generación de energía; 3) la tasa de usura le ayuda a las familias, cuando es lo que alimenta el gota a gota; 4) la apertura a las importaciones mata a las empresas, cuando realmente abarata insumos y las obliga a tecnificarse; 4) el gobierno usa mejor los ahorros de los colombianos que los empresarios, cuando en realidad gasta mal y alimenta la corrupción; 5) invertir más ahorro pensional en Colombia baja el rendimiento para los ahorradores, cuando en realidad bajaría el costo del capital en realidad y habilitaría muchas inversiones.

Las fuerzas conservaduristas se han opuesto a la apertura de cualquier tipo. Presumo que es por miedo a perder el porcentaje de la economía que hoy les pertenece. Prefieren tener el 10 de 100 que el 5 de 1,000; a pesar de que lo segundo es cinco veces mayor. Eso los ha convertido en enemigos acérrimos de liberar a Colombia de muchas trabas, a lo largo de tres cuartos de siglo.

En el gobierno de Misael Pastrana, las fuerzas conservaduristas enfrentaron la reforma agraria que venía de los sesenta, la cual fue revertida en el llamado Acuerdo de Chicoral. En el gobierno de Alfonso López enfrentaron la apertura comercial promovida por Rodrigo Botero Montoya, que fue revertida por Abdón Espinosa Valderrama, proteccionista y cepalino. Durante el gobierno de César Gaviria, enfrentaron la apertura comercial, que fue revertida por el gobierno de Ernesto Samper Pizano. En el gobierno de Gustavo Petro, enfrentan las reformas sociales y económicas de los últimos treinta y cinco años en salud, pensiones, energía eléctrica, vivienda, petróleo, infraestructura de carreteras y aeropuertos, servicios públicos y disciplina fiscal, que buscan revertir a antes de agosto de 2026 o con la llegada de Iván Cepeda.

Prefieren que la economía colombiana sea “su” economía, aunque sea pequeña; y así, en ella no quepa un empleo digno y moderno para diez millones de personas. Piensan en pequeño.

Es una especie de “pequeñísimo” indolente. Puede ser la fuerza más nociva del país, que teme que la economía sea grande. Al pensar así, nos condenamos a que cualquier aumento salarial vaya en detrimento de las utilidades.

Gustavo Petro es un conservador de la vieja usanza, no un modernizador ni un promotor del progreso. En eso lo acompañan muchas fuerzas anti- cambio que han neutralizado y reversado los verdaderos cambios en distintos momentos del tiempo. Tienen una nostalgia de volver a un pasado supuestamente mejor: la Colombia preapertura (años ochenta), prepetróleo (años setenta) y cepalina (años sesenta).

Para una muestra concreta y actual de la actitud conservadurista y empequeñecedora, vean un proyecto de ley que radicó en el Congreso Iván Cepeda, que socavaría a muchas empresas y a la inversión extranjera en Colombia.

Paloma Valencia alertó en X que el señor Cepeda y su combo buscan que el Estado tenga la posibilidad de cancelar contratos de concesión minera, licencias ambientales y contratos de exploración o explotación de recursos naturales con base en ‘indicios fundados’ y no por decisiones judiciales en firme. Cualquier persona con ‘interés directo’ podrá solicitar estas acciones. Buscan sancionar a los dueños de empresas nacionales o multinacionales por “violaciones a los derechos humanos”, un concepto que se presta a todo tipo de arbitrariedades.

Buscan crear un país distópico, peor que el de los años sesenta, cuando cualquier empresario hacía que cerraran las importaciones, le quitaran la competencia y le otorgaran un monopolio sobre el consumo de los colombianos. Es un arcaísmo en el que aún cree la izquierda colombiana, en pleno siglo 21.

Ese es el tipo de gobierno que tendríamos si ganara el señor Iván Cepeda. En lugar de que haya más volumen de negocios, aspiran a terminar cualquier negocio o empresa por la razón que se les ocurra. Ese es el tipo de leyes que seguirían empequeñeciendo a Colombia y aumentando la informalidad, con o sin aumentos salariales.

Nota para economistas

¿Para qué crece un país? En mi opinión, es para reducir la informalidad y hacer que los salarios reales crezcan de forma secular. Para que la gente pueda vivir mejor. Si es sólo para aumentar las utilidades a costa de una alta informalidad y de salarios estancados, el “desarrollo” tiene poco sentido.

El elefante en la habitación no es el salario mínimo. La mano de obra es uno de los muchos costos que tienen las empresas. Hay distorsiones en los demás costos. Concentrarse exclusivamente en el salario mínimo, sin prestar atención a todas las demás cosas que afectan la competitividad, les pone la responsabilidad de la competitividad a los empleados.

William Lewis en su libro “The Power of Productivity”, señala que el impacto de las distorsiones de insumos está sobrevalorado, mientras que el de las distorsiones de productos finales, es decir, la falta de competencia empresarial, está infravalorado.

El argumento convencional es que, en equilibrio parcial, la reducción del salario mínimo abre espacio para más empleo formal, mientras que su aumento incrementa las barreras a la formalización. Eso se desprende de las curvas de oferta y de demanda de empleo. Con reducciones del mínimo se repartiría mejor la torta entre formales e informales. Esta hipótesis, que tiene una lógica en equilibrio parcial, tiene poca relevancia práctica en el universo kafkiano de distorsiones del equilibrio general colombiano.

El argumento convencional, con su elegancia de un equilibrio parcial, atrapa a las mentes técnicas del país, pero lleva a ignorar las verdaderas barreras de primer orden. La discusión del salario mínimo como causa principal y determinística de que Colombia opere con la tasa de desempleo más alta de América Latina ha dejado intelectualmente satisfechos al empresariado y a los colegas, pero nos quita el ojo a remover un sinnúmero de otras distorsiones. Quienes pagan el costo de todas ellas son los trabajadores.