El escandaloso 20 de Julio en el Congreso: «la izquierda victimaria de hoy»

Por Mauricio Morales*

Es un lugar común para gran parte de la opinión pública, la afirmación de que el trágico y desgarrador registro del asesinato de líderes sociales tras el acuerdo de paz, es una expresión estructural,  y para muchos una política de Estado de los gobiernos uribistas  y  de Iván Duque en especial.

Esta idea compone la narrativa central sobre la violencia en el país,  de los autodenominados “progresistas”,  y es gracias a las corrientes globalistas, una idea incluso más fuerte y evidente en el extranjero; tanto en países de la Europa Occidental como en parte importante de la clase política norteamericana, e incluso en las organizaciones multilaterales como La ONU y La OEA.

En dichos ámbitos, tal afirmación que acusa al uribismo y a la derecha colombiana como la gran asesina de jóvenes y líderes sociales, es una realidad  incontrovertible.

Esto se puede comprobar, a la luz de los apoyos internacionales y el amplio despliegue en medios de comunicación que tuvo la toma guerrillera urbana, encabezada por la Primera Línea y a su vez auspiciada económicamente por Gustavo Bolívar en las protestas contra Duque para frenar su austera reforma tributaria de 18 billones, comparada con el agresivo asalto al bolsillo de los colombianos  propuesto  por un indolente José Antonio Ocampo que pretende recaudar 50 billones, cifra que supera ampliamente la propuesta anterior.  

Pareciera ser entonces respecto a las violencias que afectan a nuestros liderazgos sociales, que ante tal narrativa no hay una verdad alterna; para muchos por no decir para la gran mayoría; está claro que el “Estado uribista” es el gran asesino de jóvenes, y en especial de líderes sociales.

Además, se ha dicho hasta la saciedad también en la academia, que matar líderes sociales ha sido una expresión reaccionaria, donde las derechas aliadas al ya desmovilizado paramilitarismo; son las grandes  responsables de la agresión homicida, motivada por una política mafiosa y estatal.

Y donde tales mafias se relacionan estrechamente con los sectores oficiales, que han dominado la política colombiana durante las dos primeras décadas del siglo en curso, en resumen;  para la casta intelectual de izquierda, el “Estado uribista” tiene sin discusión como práctica central, la impresentable política pública del asesinato a líderes sociales.

Sin embargo, esta afirmación ligera, se hace siempre sin advertir ciertos hechos importantes, tales como: La existencia de unos amplios sectores de la izquierda radical que no solo han desempeñado el papel de opositores durante los últimos 20 años de la historia reciente del país.

Sino que durante el mismo periodo de tiempo, e incluso más atrás en el pasado; han cogobernado a nivel nacional, teniendo una amplia participación en el funcionariado estatal.

Y en el plano regional, éstas izquierdas realmente han sido el gobierno en propiedad, controlando y algunas veces cooptando como tal, el grueso de las instituciones públicas, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca donde técnicamente el amo y señor es el ELN, y amplios sectores del Sur del país y de ambas costas, son fiel reflejo de ello.

Así mismo en la política actual, destacan figuras públicas antes afines al uribismo, pero que hoy hacen parte de las huestes más fuertes, y del círculo primario del nuevo gobierno electo.

Adicionalmente valga decir; que territorialmente coinciden con las grandes cifras de homicidios  y de atentados contra líderes sociales, las mismas regiones geográficas, donde son especialmente sólidas, no sólo aquellas  fuerzas de la izquierda  radical sino también de las guerrillas.

Las cuáles  históricamente han sido el brazo armado de las mencionadas fuerzas políticas, y que llevan incontables décadas controlado territorios tanto de la Colombia urbana segregada; como la de aquella profunda y rural.

Por lo tanto no es de extrañar que el mapa electoral, que tiene a Petro en el poder, coincida  exactamente con éstas regiones, a excepción de Bogotá que obedece a la dinámica específica de ser la sede del andamiaje estatal y del gobierno, y en consecuencia es el gran fortín estatista, cuyo caso explica el apoyo hacia el candidato más estatizador de todos, razón por la cual Bogotá configura la excepción que confirma la regla, Petro representa al Estado altamente burocratizado y es la garantía de la corrupción regional.

Como sustento de lo anterior, existen serios estudios académicos de entidades destacadas, como el IEPRI (Instituto de Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales) de la Universidad Nacional de Colombia, y de la Universidad del Rosario.

Que brindan claridades no sólo acerca de los mayores responsables de las violencias de los últimos años contra nuestros líderes sociales, sino también de las dinámicas que ocasionan el aumento de estos lamentables episodios violentos de nuestra historia presente, en un contexto de posconflicto.

Durante el gobierno Santos, muchos líderes sociales se engañaron por la falsa expectativa, de que el proceso de paz era la puerta abierta para la construcción de una nueva y sana Institucionalidad,  y que esto a su vez iba a trasformar el país mediante las  políticas públicas.

Dice al respecto el libro: (“Las violencias que persisten”   que: “El proceso de paz reactivó las dinámicas homicidas”  y posterior mente dicha publicación afirma que (…) Programas críticos de los acuerdos, como la participación, la sustitución de los cultivos ilícitos, o la llamada reforma rural integral, se apoyaron en una movilización social – mayormente– desprotegida, y en un proceso donde las estructuras de poder territoriales no se habían alterado, ni se iban a alterar sustantivamente, el resultado ha sido una catástrofe, social, política y humanitaria”.

Dicha publicaciónel lector la encuentra en la página 131 párrafo 2 de la editorial de la Universidad del Rosario), por cierto un acucioso  trabajo académico, prologado por el entrante presidente del congreso Roy Barreras” y uno de los principales alfiles del electo presidente de la República, quien otrora fungió como defensor del uribismo, y en otros momentos, del santismo, como se mencionó antes.

En consecuencia, en un contexto donde el gobierno negoció con las FARC, auspiciado por la dictadura cubana; donde el actor paramilitar estaba en retroceso a nivel territorial, donde el actor guerrillero estuvo a la expectativa sin perder su control territorial, sino que por el contrario lo aumentó.

Y además donde ha sido claro el vínculo de éste último, con actores regionales del orden oficial, se generó como resultado una nueva dinámica de privilegios, de elites de poder y de consolidación de hegemonías económicas territoriales.

Esta dinámica a su vez fue acompañada por una gran efervescencia  romántica  entre los miembros de la sociedad civil; la cual fue incrementada con la firma de los acuerdos; y que llevó a que muchos líderes sociales se pusieran manos a la obra haciendo uso de la constitución y la ley, para adelantar su lucha por la defensa, la consolidación y restauración de derechos colectivos a lo largo y ancho de la geografía nacional.

En consecuencia, y sin advertir la estructura corrupta a su alrededor; ni el clima administrativo, ni las verdaderas relaciones malsanas entre el sector público y la ilegalidad; muchos líderes sociales han venido pisando líneas rojas de la criminalidad regional.

La cual  también se envalentonó especialmente con los acuerdos habaneros,  donde los actores políticos locales afines a la izquierda, en un momento y lugar donde ya estaba políticamente vencido el uribismo; se sintieron como los socios legítimos del poder, herederos de los contratos con entidades públicas y de los negocios ilícitos por igual.

Todo lo anterior desató toda una ofensiva violenta contra nuestros líderes sociales, expresada en el previo soborno; al mejor estilo de los clásicos carteles del narcotráfico donde se les ofrece “plata o plomo”, y también en toda clase de intimidaciones  y finalmente traducida dicha ofensiva, en los terribles asesinatos, produciendo un elevado coste moral contra sus familias  y la sociedad; y una de las tragedias humanas más complicadas de nuestros días.

De esta manera entró el país en una espiral de violencias para silenciar líderes sociales, veedores ambientales, defensores de las diferentes comunidades, accionantes colectivos  y populares, ediles en general,  y miembros de los diferentes estamentos y fuerzas vivas de todas las comunidades, tanto de la Colombia profunda, como de la urbana.

Adicionalmente puede decirse que  ésta actividad violenta, acompañada de una gran impunidad, donde cohonestan jueces mayoritariamente politizados y antiuribistas, ha  tenido lugar por la enorme confianza que da el tener al mayor “chivo expiatorio” de todos: “El uribismo crítico de los acuerdos”, o en términos más comunes:   “El uribismo enemigo de la paz” 

Así las cosas, se puede afirmar sin lugar a equívocos, que las acciones violentas contra nuestros líderes sociales, no hacen parte de una estructura de regeneración al estilo de la antigua e histórica casta conservadora; o que es una violencia proveniente de una derecha huérfana de poder y crítica de los acuerdos.

Sino que hay una evidencia empírica y académica más que suficiente, que demuestra que gran parte de esta violencia, ciertamente estructural, proviene del poder regional asociado a las guerrillas y las disidencias cercanas al poder local.

Son las regiones como el Cauca, Nariño, las zonas más apartadas de Antioquia, el Catatumbo, entre otras, de donde provienen las más altas tasas de homicidios de este tipo y donde ya se ha demostrado hasta la saciedad en las últimas elecciones, tanto legislativas como presidenciales, que allí es particularmente débil el uribismo, y en especial desde el gobierno de Juan Manuel Santos.

En dichos espacios territoriales, ha sido evidente el marcado apoyo político al movimiento del Pacto Histórico, y el contubernio entre la ilegalidad y la autoridad pública oficial; existiendo entre ellos muchos intereses comunes y complementarios, contratos oficiales y negocios de por medio, entramados de sobornos para hacerlos operativos, y donde el líder social solo resulta ser el gran obstáculo para que fluyan las rentas.

No es gratuito entonces, que el representante a la Cámara el doctor Miguel Polo; haya afirmado enérgicamente al lado de la senadora María Fernanda Cabal, que los grandes victimarios “han sido las disidencias”

Habitualmente las intervenciones del Representante Polo, son precedidas de un sustento académico y de un previo análisis responsable y profundo de la realidad.

Durante la instalación del congreso de este 20 de Julio, el representante ha  expresado esto, en respuesta a la conducta reprochable, y para muchos vergonzosa de la bancada del nuevo gobierno que fue la gran protagonista del escándalo y de los malos modales.

La cual se manifestó en el capitolio con carteles de líderes sociales asesinados culpando a todo pulmón al gobierno saliente de Duque, es evidente entonces la mala información y formación académica, de muchos de los nuevos parlamentarios de la izquierda novata.

Paradójicamente una izquierda que se precia de ser crítica, académica e instruida, pero  tienen en el congreso de la República como representantes, a éstos personajes de la recién elegida élite política y social en esta  nueva “Era Petrista”, quienes exponen desde ya,  unos problemas serios de comprensión y análisis de la realidad; falencias que les impedirá defender asertivamente los intereses de los colombianos desde el cargo legislativo.

Sin negar en ningún momento, que la ilegalidad asociada a los corruptos y manzanas podridas provenientes de sectores de las derechas, hayan influido también en el registro violento contra los liderazgos sociales.

Es claro también, que arrojan en la actualidad más credibilidad, y ofrecen una  mejor explicación lógica; los entramados de poder conformados tras el gobierno santista, donde se configuró mayoritariamente la estructura de contratación pública que hoy en día no solamente  tiene a Gustavo Petro en el Poder.

Sino que dicha estructura administrativa es la mayor responsable de las actuales agresiones a la población, y la gran desgracia humana que hoy viven nuestros líderes sociales, y que es uno de los grandes obstáculos y amenazas para construir el país civilizado que avance en el franco proceso de desarrollo y por la senda de prosperidad, que anhelamos todos los colombianos.

*Politólogo

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