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Reacciones tras la aprobación del impuesto de seguridad en Antioquia

La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó un impuesto para financiar el fortalecimiento de la seguridad en el departamento, que será cobrado a través de las facturas de energía, ha generado reacciones en contra.

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Redacción IFM
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Reacciones tras la aprobación del impuesto de seguridad en Antioquia

La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó un impuesto para financiar el fortalecimiento de la seguridad en el departamento, que será cobrado a través de las facturas de energía, ha generado reacciones en contra.

Esta medida busca recaudar recursos para proyectos clave como la reparación de estaciones de policía y el aumento de la red de cámaras de seguridad. La tasa se aplicará a los estratos 4, 5 y 6, así como a empresas comerciales, industriales y oficiales, lo que ha causado preocupación por el impacto económico de la medida en los ciudadanos y el sector empresarial.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha expresado su oposición al proyecto, sugiriendo que el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, debería explorar otras alternativas de financiamiento que no aumenten la carga fiscal. Según Gutiérrez, existen opciones como alianzas público-privadas o la venta de activos improductivos de la Gobernación que podrían ser utilizadas sin recurrir a nuevos impuestos. El mandatario local cuestiona la efectividad de la medida y cómo podría afectar la cultura de pago y la economía local, especialmente en tiempos de incertidumbre.

Por otro lado, el gobernador Rendón defiende la medida, asegurando que el incremento en la tarifa de energía es necesario para enfrentar los problemas de seguridad en Antioquia. Según su propuesta, los fondos recaudados se destinarán a proyectos urgentes como la construcción de una cárcel para sindicados y la reparación de infraestructuras de seguridad deterioradas.

A pesar de la defensa del mandatario departamental, sectores como Fenalco y el Comité Intergremial de Antioquia han manifestado su desacuerdo, señalando que este impuesto afectará principalmente a las clases medias y a las empresas de la región.

El expresidente Álvaro Uribe también se expresó en contra de la propuesta del impuesto para fortalecer la seguridad en Antioquia, que se cobraría a través de la tarifa de energía. Uribe criticó la iniciativa y afirmó que el aumento en las tarifas de los servicios públicos no debería ser la solución para financiar la seguridad, especialmente cuando los ciudadanos ya enfrentan altos costos de energía.

La Intergremial de Antioquia expresó su preocupación por el impacto que tendrá el impuesto de seguridad propuesto en las empresas del departamento. A través de una publicación en X, la entidad señaló que el cobro adicional, aplicado a través de la tarifa de energía, podría generar una carga económica considerable para los sectores comercial e industrial. Consideran que esta medida afectaría la sostenibilidad de las empresas y su competitividad, al mismo tiempo que incrementaría los costos operativos.

La polémica también ha generado opiniones de otras figuras políticas. Desde el partido Centro Democrático hubo inconformidad por la aprobación de este impuesto. La congresista Margarita Restrepo señaló que este tipo de medidas no deben ser la solución ante los problemas de seguridad y recomendó priorizar la lucha contra la corrupción. Mientras tanto, Óscar Iván Zuluaga criticó el impacto de esta carga adicional, especialmente en un contexto económico desafiante. Ambos coinciden en la necesidad de encontrar soluciones que no perjudiquen aún más a la clase media antioqueña y que no generen nuevas tensiones económicas.

El presidente Gustavo Petro también ha criticado la propuesta, calificándola como «lo más regresivo que se puede hacer» al imponer un impuesto sobre servicios públicos esenciales como la electricidad. Petro advirtió que esta medida podría afectar gravemente a los hogares más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.

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