Procuraduría vinculó a directivos de Ecopetrol en investigación por contrato con Covington & Burling LLP

La Procuraduría General de la Nación vinculó formalmente a los directivos de Ecopetrol, Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, dentro de la investigación que se adelanta por el contrato suscrito con la firma Covington & Burling LLP en agosto de 2024 y que tuvo un otrosí en diciembre del mismo año, con un valor que superó los 5 millones de dólares.

De acuerdo con el expediente, el despacho decretó y practicó pruebas en el proceso, entre ellas las declaraciones de Julián Andrés Herrada, Luis Felipe Porras, Luis Fernando Lizcano Zea, Elkin Ferney Quintero Gómez, Gonzalo Hernández, Julio Corredor, Luis Enrique Cabezas Leal y María Paula Sala Cárdenas. Asimismo, se incorporó la documentación entregada por Ecopetrol en respuesta a los requerimientos de la entidad y se recibió la versión libre de Alberto José Vergara Monterrosa.

“De las diligencias practicadas surgió la necesidad de vincular otros sujetos procesales”, señala el documento oficial de la Procuraduría.

El material probatorio incorporado al plenario muestra que la Junta Directiva de Ecopetrol aprobó la creación de una comisión especial para adelantar el proceso de contratación de la firma asesora externa. Esta comisión estuvo integrada por Guillermo García Realpe, Álvaro Torres Macías y Luis Alberto Zuleta, con el objetivo de realizar un estudio frente a los riesgos reputacionales de la compañía y evaluar las recomendaciones contenidas en el informe de Control Risks.

El documento de la Procuraduría también hace referencia a los estatutos de Ecopetrol, en particular al parágrafo segundo del artículo 23, que establece: “La Junta Directiva podrá establecer dentro de su seno comisiones para trabajos o estudios especiales”.

La investigación se centra en esclarecer el alcance del contrato CW207382 de 2024, suscrito con Covington & Burling LLP, así como la pertinencia de los recursos comprometidos en este proceso.

Con esta decisión, la Procuraduría amplía el espectro de los vinculados en el caso, mientras continúa la recolección de pruebas y el análisis de los posibles alcances disciplinarios frente al polémico contrato internacional que ha despertado cuestionamientos en distintos sectores por el monto superior a los 5 millones de dólares y por el rol de la Junta Directiva en su aprobación.