Pacto Histórico mueve su batuta por los barrios, antes del tiempo permitido por la ley
Violando flagrantemente las normas electorales de la República, y de la misma forma como lo ha hecho desde su fundación, el Pacto Histórico madrugó a mover sus bases sociales en las comunas de Medellín convocando a sus líderes e impartiendo línea política para afrontar las elecciones regionales de g
Violando flagrantemente las normas electorales de la República, y de la misma forma como lo ha hecho desde su fundación, el Pacto Histórico madrugó a mover sus bases sociales en las comunas de Medellín convocando a sus líderes e impartiendo línea política para afrontar las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes, las siguientes justas en el calendario electoral.
Desde ya suenan nombres para ocupar los cargos de responsabilidad pública en el plano regional y local. Sin embargo, pese a que recientemente el país ha salido de las presidenciales de mitad de año, ya los miembros del equipo del partido de gobierno en Antioquia, han empezado la campaña con su modelo de asambleas populares.
De esta manera, vienen haciendo presencia en los barrios agitando las masas, muy fieles a lo que ha sido su costumbre de presionar estallidos sociales, capitalizando el enojo ciudadano y la violencia para transformarlos en resultados políticos.
Pese a que todavía no es tiempo de campaña, ya mueven sus liderazgos en las bases de la ultraizquierda petrista en la ciudad de Medellín, haciendo campaña política en los barrios y desprovistos de ningún control institucional ni de las autoridades electorales, cuya función es la de operar en todo tiempo y lugar.
Las asambleas populares comandadas por la líder ultra estatista Luz María Múnera, más el alfil del cuestionado alcalde de Medellín, el representante Alejandro Toro; y la experta en música Susana Boreal; se encuentran desde ya en precampaña, mucho tiempo antes del inicio del calendario electoral.
No obstante, las autoridades competentes no se han manifestado, ante una muestra clara del desequilibrio político que afecta al país, por la violación sistemática de las normas desde el partido de gobierno.
Corresponde entonces a la ciudadanía, efectuar las veedurías pertinentes, de acuerdo con la Constitución y la ley, ante un partido que crece en medio de los escándalos de sus congresistas, de las cuestionadas administraciones y de los pésimos resultados socioeconómicos y de seguridad.
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