MinDefensa ofreció recompensa de $50 millones por quienes siguen bloqueando en paro minero en Bajo Cauca

La crisis de orden público que se esta dando en el Bajo Cauca antioqueño se intensificó en medio del paro minero, por lo cual, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $50.000.000 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de los actos violentos registrados en la subregión.

De acuerdo a la información, la decisión fue adoptada de manera conjunta por la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional, luego de varios días consecutivos de disturbios, bloqueos y enfrentamientos que afectaron a miles de habitantes en municipios como Caucasia, Cáceres, El Bagre, Zaragoza y zonas cercanas.

Las autoridades divulgaron un cartel con los rostros de 20 personas señaladas de participar en la organización de bloqueos y de incitar alteraciones del orden público en puntos estratégicos del territorio. 

Según la información oficial, estos individuos estarían involucrados en conductas relacionadas con la obstrucción de vías y otros delitos que impactan la seguridad y la movilidad.

Vale mencionar que en medio del paro minero, durante los últimos días, se reportaron múltiples bloqueos en corredores clave del Bajo Cauca, por ejemplo, en la vía entre Caucasia y Cáceres, grupos de manifestantes instalaron barricadas con troncos y ramas, mientras que en otros sectores hubo quemas de llantas y cierres totales de la vía. 

Igualmente, en zonas como Zaragoza, los bloqueos se extendieron a varios puntos simultáneamente, afectando la conexión hacia municipios como Segovia y otras rutas de importancia regional.

Las autoridades también informaron sobre concentraciones masivas en el municipio de Caucasia, donde cientos de personas se reunieron en puntos específicos para continuar con las manifestaciones, en el marco del paro que ya completó más de una semana.

Sin embargo, la situación escaló más allá de las protestas, con hechos de mayor gravedad que encendieron las alertas como denuncias de saqueos a establecimientos comerciales, ataques a vehículos y la quema de al menos cinco camiones en diferentes puntos de la subregión en un lapso inferior a 24 horas.

A esto se sumaron agresiones contra la fuerza pública, frente a esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que el Gobierno garantizaba el derecho a la protesta social, pero advirtió que no toleraría actos de violencia ni conductas delictivas. 

Sánchez calificó los hechos registrados como delitos y pidió a la ciudadanía colaborar con información que permitiera identificar a los responsables. De manera paralela, las autoridades locales adoptaron medidas extraordinarias para contener la situación, entre ellas toques de queda, restricciones a la movilidad y un mayor despliegue de la fuerza pública en los puntos más críticos, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.