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Juliana Guerrero no aceptó cargos por presunta falsedad de títulos

En la audiencia de imputación, Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez Martínez no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía, ante la pregunta directa de la juez, Guerrero negó ser responsable del delito de fraude procesal. Mientras que Gutiérrez Martínez rechazó el cargo de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, en …

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Redacción IFM
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Juliana Guerrero no aceptó cargos por presunta falsedad de títulos

En la audiencia de imputación, Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez Martínez no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía, ante la pregunta directa de la juez, Guerrero negó ser responsable del delito de fraude procesal.

Mientras que Gutiérrez Martínez rechazó el cargo de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, en una de las partes centrales de la diligencia judicial.

Finalmente, tras la negativa de ambos procesados, la juez ordenó la imposición de una medida cautelar por seis meses, con el fin de garantizar un eventual pago de perjuicios al Estado. 

La decisión incluyó la prohibición de enajenar, vender o comercializar bienes muebles e inmuebles, como vehículos, motocicletas, casas, lotes y apartamentos. Para lo que se dispuso el envío de oficios a entidades como tránsito, oficinas de instrumentos públicos y cámaras de comercio, además, se informó que con esta actuación se interrumpió el término de prescripción de la acción penal.

Durante la audiencia, la juez también dejó constancia de que los imputados comprendían los hechos y los delitos por los cuales estaban siendo vinculados, así como sus derechos procesales, entre ellos guardar silencio, no autoincriminarse y contar con defensa técnica. 

De igual manera, se les explicó que podían aceptar los cargos y acceder a una rebaja de hasta la mitad de la pena, posibilidad que fue descartada por ambos tras indicar que no requerían consultar nuevamente con sus abogados.

Se precisó que, de aceptar los cargos Guerrero se habría enfrentado a una pena base de 6 años de prisión por el delito de fraude procesal, mientras que Gutiérrez Martínez partiría de una pena mínima de 64 meses de prisión.

La juez también explicó que, en caso de no aceptar cargos, el proceso continuaría con la presentación del escrito de acusación, seguido de las etapas de acusación, audiencia preparatoria y eventual juicio oral.

Cabe recordar que de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos estarían relacionados con la presunta presentación de títulos académicos falsos ante el sistema SIGEP II. 

De acuerdo al ente acusador, Guerrero habría cargado en septiembre de 2025 cuatro documentos expedidos por la institución universitaria Fundación San José, donde se incluyeron títulos y actas de grado, que aunque con apariencia legítima, serían ideológicamente falsos, ya que no habría cumplido los requisitos académicos exigidos, se mencionó sobre esto que Guerrero faltaba a clases, no complía con los requisitos académicos y peor aún no habría presentado las pruebas Saber Pro.

La Fiscalía sostuvo que la finalidad de esta conducta habría sido cumplir con los requisitos para acceder al cargo de viceministra de Juventudes, induciendo en error a la administración pública. 

En cuanto a Gutiérrez Martínez, quien era secretario general de la institución educativa, se indicó que presuntamente utilizó un perfil con permisos especiales para autorizar la expedición de los documentos, pese a que la validación académica no sería satisfactoria.

Durante la diligencia, la defensa técnica de los imputados solicitó aclaraciones sobre aspectos de la imputación, como las fechas de expedición de los títulos, las normas aplicables a los requisitos académicos y la naturaleza jurídica de los documentos. 

Finalmente, la juez recordó a la Fiscalía que cuenta con un término mínimo de 90 días para radicar el escrito de acusación ante el juzgado competente. La audiencia concluyó hacia las 4:42 de la tarde del 26 de marzo de 2026, luego de realizar el control formal de la imputación y dejar en firme las decisiones adoptadas dentro del proceso.

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